La investigación de la FGR apunta a un antecedente que podría ampliar las interrogantes sobre la presencia de agentes estadounidenses en el estado y su participación en acciones contra el narcotráfico.
Una nueva revelación sobre el caso de los agentes estadounidenses que participaron en un operativo contra un narcolaboratorio en Chihuahua vuelve a poner bajo la lupa la relación entre autoridades mexicanas y personal extranjero. De acuerdo con información presentada por el periodista Carlos Loret de Mola, uno de los agentes identificados como integrante de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) habría viajado en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana aproximadamente un año antes de la operación que derivó en su muerte.
Según lo expuesto en la investigación periodística, el agente Richard Leiter Johnston III abordó un avión Hércules del Ejército mexicano que habría realizado un trayecto desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hasta Tucson, Arizona. El recorrido fue rastreado mediante la plataforma de seguimiento de vuelos Flightradar24, de acuerdo con el reporte.
La información también señala que, días después de aquel viaje, Leiter regresó a México en un vuelo comercial de American Airlines, procedente de Phoenix, Arizona, con destino a Monterrey, Nuevo León. Además, los registros migratorios referidos en el reportaje indicarían que ingresó y salió del país utilizando un pasaporte oficial destinado a empleados gubernamentales en servicio.
Este antecedente cobra relevancia en medio de las investigaciones federales sobre la participación de agentes estadounidenses en acciones contra el narcotráfico en Chihuahua, un caso que ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de coordinación entre corporaciones, los permisos para la presencia de personal extranjero y el conocimiento que tenían las distintas autoridades sobre sus actividades.

Un caso que mantiene bajo presión a las autoridades
La polémica se remonta al operativo realizado en abril de 2026 para desmantelar instalaciones clandestinas de producción de drogas sintéticas en la Sierra Tarahumara. El 19 de abril, cuatro personas murieron en un accidente automovilístico cuando regresaban de esas acciones: el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes; el agente estatal Manuel Genaro Méndez Montes, y dos ciudadanos estadounidenses identificados en reportes periodísticos como Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black.
La presencia de los estadounidenses en el operativo motivó investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), que indaga posibles irregularidades relacionadas con su participación en actividades de seguridad dentro del territorio mexicano. El caso también derivó en consecuencias políticas y judiciales para funcionarios de Chihuahua, incluido el exfiscal estatal César Jáuregui Moreno, quien enfrenta acusaciones que ha rechazado.
La nueva información sobre el vuelo militar abre interrogantes sobre las circunstancias en las que el agente estadounidense habría utilizado una aeronave mexicana, así como sobre el propósito del traslado y las autorizaciones correspondientes. Sin embargo, los datos divulgados no permiten establecer por sí solos quién autorizó el viaje, cuál fue su motivo ni si estuvo relacionado con el operativo realizado posteriormente en Chihuahua.
Mientras continúan las indagatorias, el caso sigue generando cuestionamientos sobre la participación de personal extranjero en operaciones de seguridad y la necesidad de esclarecer qué autoridades conocían sus actividades, bajo qué condiciones se realizaron y si se cumplieron las disposiciones legales aplicables.





