La defensa del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, sostiene que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó elementos que demuestren una relación entre su cliente y los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que participaron en un operativo contra un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara. Así lo afirmó su abogado, Héctor Villasana, al referirse a la audiencia inicial celebrada en el penal del Altiplano, en el Estado de México.
De acuerdo con el litigante, la principal acusación federal contra el exfuncionario se relaciona con una presunta afectación a la seguridad nacional por facilitar la presencia de agentes estadounidenses en territorio mexicano. Durante la audiencia, el Ministerio Público habría planteado que esa situación pudo generar riesgos para la soberanía del país, incluso al mencionar como referencia una posible intervención extranjera similar a la ocurrida en Venezuela para detener a Nicolás Maduro.
Villasana indicó que la Fiscalía presentó alrededor de 150 datos de prueba durante la diligencia; sin embargo, afirmó que ninguno establece un vínculo directo entre Jáuregui y los agentes extranjeros. También señaló que los elementos presentados son los mismos que ya habían sido expuestos en una audiencia ante un juez local, relacionada con acusaciones por uso ilegal de funciones y coalición.
La defensa sostiene que las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua contienen declaraciones según las cuales la presencia de los agentes estadounidenses no fue comunicada a los mandos superiores. Según esa versión, los extranjeros mantuvieron contacto principalmente con Pedro Oseguera, entonces director de la Agencia Estatal de Investigación, quien murió en un accidente automovilístico el 18 de abril junto con dos agentes de la CIA, cuando regresaban de un operativo en la zona de El Pinal, municipio de Morelos.
En ese lugar, las autoridades habían localizado instalaciones utilizadas presuntamente para la elaboración de drogas sintéticas, aunque inicialmente el sitio habría sido identificado como un campamento. El abogado aseguró que Jáuregui tomó decisiones para intervenir en el inmueble, pero negó que eso signifique que hubiera autorizado la participación de agentes estadounidenses, cuya presencia, según su declaración, desconocía hasta que comenzaron a conocerse más detalles del accidente.
Defensa cuestiona orden de aprehensión y prepara estrategia
Otro de los puntos expuestos por Villasana fue la renuncia de Mariana Vieyra Valdés, jueza que habría emitido la orden de aprehensión contra el exfiscal. Según el abogado, la juzgadora dejó el cargo un día después de ordenar la captura, por lo que el procedimiento quedó en manos de otro juez federal, Ricardo Alfonso Santos Dorantes.
El litigante señaló que desconoce los motivos de la renuncia, aunque consideró que el juez que actualmente lleva el caso ha conducido la audiencia conforme a la legalidad.
Jáuregui permanece bajo prisión preventiva, medida que, de acuerdo con su defensa, se aplicó debido a que está contemplada de manera oficiosa para el delito que se le atribuye. La audiencia para determinar si será vinculado a proceso fue programada para el sábado a las 15:00 horas, en el penal del Altiplano.
Finalmente, Villasana indicó que el equipo jurídico también se prepara ante posibles investigaciones adicionales contra el exfiscal, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum mencionara públicamente que existirían otras indagatorias no relacionadas con la presencia de los agentes de la CIA. No obstante, aseguró que hasta el momento la defensa no cuenta con información específica sobre esos posibles procedimientos.
Por ahora, los señalamientos de la defensa forman parte de la versión de una de las partes involucradas en el proceso. La determinación sobre la situación jurídica de Jáuregui corresponde a las autoridades judiciales, que deberán valorar los datos presentados por la Fiscalía y los argumentos de su representación legal.
