México enfrenta un asombroso nivel de impunidad del 99 por ciento en los delitos de desaparición de personas, para casos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, dato que refleja una crisis profunda en la justicia y los derechos humanos, indicó una ONG.
Impunidad Cero, una organización que estudia, analiza y visibiliza el problema de la impunidad en México, con el fin de combatirla, presentó este día su primer índice de impunidad en materia de desaparición de personas en México.
Entre otros hallazgos del informe, se apuntó que la impunidad acumulada en casos de desaparición registrados por el fuero federal (2006 a 2022) es del 98 por ciento para el delito de desaparición forzada, 100 por ciento de impunidad acumulada para el delito de desaparición cometida por particulares y 99 por ciento de impunidad acumulada para ambos delitos
También se apuntó que a casi cinco años de su promulgación, la Ley General en Materia de Desaparición de Personas “sigue sin ser plenamente implementada”, dejando brechas significativas en la persecución y sanción de estos delitos.
El reporte también señaló el creciente aumento de delitos de desaparición, sumado a la persistente impunidad que obstruye la investigación y esclarecimiento, lo que indica que México se encuentra inmerso en una grave crisis de derechos humanos.
Además, apuntó que de 2019 a 2022 en el país se registraron 35 mil 669 desapariciones, mientras que los poderes judiciales locales solo reportaron 141 sentencias condenatorias por delitos de desaparición forzada y cometida por particulares.
“Lo que muestra que no hay proporción entre el número de casos de desaparición que se registran y el número de casos que se esclarecen”, apuntó el documento.
A todo ello se unió la “falta de transparencia en la información” del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) lo que “dificulta la comprensión de la magnitud de la crisis”.
Además de discrepancias entre informes estatales y el tablero público, así como en la sistematización de fosas clandestinas, resaltan la urgencia de una mayor claridad.
Durante la presentación de los datos, Catalina Kühne, directora ejecutiva de Impunidad Cero, señaló la importancia de “seguir hablando del fenómeno de desapariciones en el país”.
Mientras que Melissa Zamora, abogada del Centro Prodh, expuso que “la impunidad estructural en sí misma revictimiza e impide la creación de políticas públicas que le pongan un alto a la impunidad”.
Mientras que en casos de desapariciones, “las familias de víctimas de personas desaparecidas son las que padecen la falta de implementación de la Ley General“.
La organización indicó que el informe retoma el cálculo de impunidad acumulada desarrollado anteriormente en los delitos de homicidio doloso y feminicidio 2022, para conocer la impunidad entre los años 2019 y 2022.
Para este análisis, se llevaron a cabo solicitudes de información a los poderes judiciales estatales y federales, así como entrevistas con representantes de la sociedad civil, garantizando una perspectiva integral.
Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) en México se contabilizan más de 113 mil casos, mientras que el año pasado el país superó la cifra de 100 mil personas no localizadas desde que hay registro, en 1962.
