El Congreso de Chihuahua, envió un exhorto al Poder Ejecutivo Estatal y a los ayuntamientos de Ojinaga y Aldama, para que presenten una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, en contra de los actos realizados por el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, en materia de gestión de los recursos hídricos en el Estado de Chihuahua por omitir la planeación coordinada e informada de los mismos y disponer de las aguas de la presa Luis L. León en detrimento de los productores agrícolas del Estado.
De la misma manera, se exhortó al Gobierno Federal, para que a través de la CONAGUA, se detengan las extracciones de agua esta Entidad Federativa, por su parte solicito a éste Congreso del Estado el respaldo a los productores Agrícolas en su legítima defensa por el Vital líquido.
La iniciativa aprobada de manera urgente, fue presentada por el diputado del PRI, Omar Bazán Flores, quien señaló que existe gran opacidad en el manejo de los recursos hídricos de la cuenca del Río Bravo y sus afluentes, lo que ha perjudicado a los productores agrícolas del Estado, al afectar los ciclos de riego.
Agregó que no se ha dado la prioridad del tratado de 1944, ni se han aplicado las restricciones de pago de agua en época de sequía, pues básicamente el Ejecutivo Federal a través de la CONAGUA, administran las presas que se encuentran en la Entidad, sin coordinación alguna con el Ejecutivo del Estado, ni con los municipios que se ven afectados, principalmente Delicias, Camargo, Ojinaga, Meoqui y Aldama entre otros, y en ese sentido es necesario que se realice una verdadera planeación coordinada.
“Hoy nuevamente, de la Presa Luis L. León conocida como el “El Granero”, se extrae el vital líquido por la Comisión Nacional del Agua, supuestamente para pagar agua conforme al tratado internacional con los Estados Unidos de América, sin embargo nunca se tiene conocimiento del corte de esos pagos, ni el estado de los ciclos, y al parecer se trata de una disposición de agua para cubrir necesidades de otros productores agrícolas en Tamaulipas”; agregó el Legislador.
Para finalizar, subrayó que existe una opacidad tremenda en el manejo de los recursos hídricos y su gestión está completamente descoordinada y ajena al Estado a y los municipios, por lo que esos actos violan el régimen jurídico de gestión establecido en la Ley General de Aguas Nacionales, pues el agua es de la nación, y la nación somos todos los mexicanos, a los que se nos debe tomar en cuenta en forma equitativa y proporcional para su aprovechamiento, por lo que si a los productores chihuahuenses se les afecta el ciclo agrícola con dicho acto, deben ser indemnizados.
