Texas declaró como su propiedad nueve islotes que se encuentran en el río Bravo y cuya pertenencia se encuentra en vilo entre México y Estados Unidos, con el argumento de bloquear a la delincuencia organizada.
A lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió que la frontera no puede modificarse por decisión de un gobierno estatal, pues está establecida en tratados internacionales.
La comisionada de Tierras de ese estado, Dawn Buckingham, anunció a través de la Oficina General de Tierras la división que identificó los terrenos como propiedad del gobierno local, lo que permitirá un reforzamiento de seguridad en colaboración con agencias federales e incluso el ejército.
De acuerdo con un comunicado, los nueve terrenos constan de un total de 66 acres y, luego de que se tuviera cierta incertidumbre sobre la pertenencia de los islotes, ahora quedarán bajo resguardo de los departamentos Militar y de Seguridad Pública de Texas.
“La comisionada Buckingham está coordinando con socios de autoridades estatales y federales para asegurar que se tengan las coordinadas necesarias para llevar a cabo operaciones de seguridad fronteriza, enfrentar cualquier actividad ilegal y proteger a las comunidades alrededor”, explicó la dependencia.
Los nueve islotes se encuentran en una zona que abarca las ciudades de Laredo a McAllen, según un mapa diseñado por la Comisaría de Tierras del estado. La titular admitió que por el momento no se ha detectado que la zona sea utilizada para fines delictivos, pero aclaró que experiencias previas muestran que zonas similares pueden ser vulnerables.
“La tierra de Texas nunca se convertirá en un lugar seguro para cárteles, traficantes de personas, contrabandistas y otras organizaciones criminales”, apuntó Buckingham en el comunicado.
De acuerdo con la agencia estatal, este anuncio marca la culminación del proyecto “Protégelo”, una iniciativa del estado para fortificar las líneas fronterizas y adquirir terrenos para la construcción de muros, obstáculos e instalaciones, en lo que representa un espaldarazo a las duras políticas contra la migración irregular del presidente Donald Trump.
Por su parte, la cancillería recordó vía comunicado que los límites entre ambos países están definidos en documentos firmados por ambos países.
“El Tratado de Límites de 1970 entre México y EU establece que, en el río Bravo, el límite internacional corre por el centro del cauce normal del río. Ese límite determina la soberanía de las tierras en ambos lados de la frontera, independientemente de la soberanía previa que hayan tenido esas tierras.
“La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) es la instancia facultada por ambos gobiernos para aplicar el tratado y determinar de qué lado del límite se encuentra cada isla. Ninguna autoridad estatal tiene esa atribución. Conforme al tratado, ningún país puede construir obras que, a juicio de la CILA, puedan desviar u obstruir el escurrimiento normal del río”, precisó.
La dependencia advirtió que “México dará seguimiento puntual a cualquier acción en la zona y reitera su compromiso con el cumplimiento de los tratados que rigen la frontera común y con el diálogo bilateral a través de los mecanismos establecidos”.
