El abogado Héctor Villasana afirmó que confía en obtener un auto de no vinculación a proceso a favor del exfiscal César Jáuregui Moreno, al sostener que los datos de investigación presentados por la Fiscalía General del Estado no acreditan el delito que se le imputa ni su probable participación en los hechos relacionados con el operativo en El Pinal, municipio de Morelos.
El defensor señaló que el próximo jueves continuará la audiencia inicial, en la que el juez resolverá si existen elementos suficientes para vincular a proceso a Jáuregui por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.
“Nosotros sostenemos que no hay datos que justifiquen o que demuestren el hecho que se imputa al licenciado Jáuregui. Vamos a preparar la argumentación para el jueves y, evidentemente, buscamos que se dicte un auto de no vinculación a proceso, en el que no se acredite el delito que se le imputa y mucho menos su participación”, declaró Villasana.
El abogado explicó que durante la audiencia se discutieron las medidas cautelares bajo las cuales su representado deberá continuar el procedimiento. El juez determinó que Jáuregui se presente mensualmente ante la instancia de supervisión de medidas cautelares.
Asimismo, el exfiscal entregó su pasaporte mexicano y su visa estadounidense para garantizar el cumplimiento de la prohibición de salir del país. También quedó sujeto a la restricción de comunicarse con los testigos que declararon dentro de la carpeta de investigación.
Villasana indicó que estas medidas estarán vigentes mientras continúa el proceso estatal, cuya siguiente etapa será la audiencia de vinculación o no a proceso. Añadió que la defensa prepara sus argumentos para controvertir los datos expuestos por el Ministerio Público.
El litigante sostuvo que, tras escuchar los elementos presentados por la Fiscalía, la defensa mantiene su postura de que no existen datos suficientes para justificar la imputación contra Jáuregui.
El caso estatal deriva de las investigaciones sobre el operativo realizado en El Pinal, municipio de Morelos, en abril pasado, en el que murieron cuatro personas, entre ellas dos agentes de la Fiscalía de Chihuahua y dos ciudadanos estadounidenses.
