Sanjuana Martínez, exdirectora de Notimex, acusó a funcionarios de la Secretaría del Trabajo de pedirle 30 millones de pesos para la campaña de Claudia Sheinbaum a cambio de entregarles la cantidad que pedían para la liquidación de los trabajadores de la agencia oficial de noticias.
En un texto publicado en el diario La Jornada, Martínez sostuvo que José Luis Sánchez Cuazitl, director jurídico de la dependencia, le hizo saber que le entregaría la cantidad solicitada siempre y cuando entregaran el 20 por ciento para la campaña de la precandidata de Morena.
“Es una práctica común en el gobierno”, le dijo el director administrativo de la agencia, quien negociaba la liquidación con Sánchez Cuazitl según el texto.
De acuerdo con la exfuncionaria, se negó a aceptar el trato por lo que la Secretaría del Trabajo redujo la cantidad para liquidaciones a 15 millones de pesos y se le dijo que era la cifra autorizada por la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, y el titular del Trabajo, Marath Bolaños.
Martínez asegura que informó al presidente Andrés Manuel López Obrador que el sindicato exigía recursos extraordinarios adicionales a la liquidación y éste le dijo que no permitirían ningún abuso.
“Lamentablemente, no fue así. La secretaria Luisa María Alcalde decidió acceder a todas las pretensiones del sindicato. De esa manera, favorecían no solamente el final de la huelga impuesta e ilegal avalada por Alcalde, sino que, con una bolsa de 256 millones de pesos, beneficiaban a los abogados del líder vitalicio del sindicato de telefonistas, Francisco Hernández Juárez, quien apoyó, sostuvo y alentó la huelga en Notimex y, por supuesto, al asesor legal, operador y padre de la secretaria de Gobernación, Arturo Alcalde”.
Martínez también difundió las cantidades que presuntamente habrían recibido trabajadores de la agencia, a quienes acusó de trabajar poco tiempo y recibir cantidades millonarias.
La exdirigente sindical, Adriana Urrea, reprochó que esos comentarios ponen en riesgo a los extrabajadores y pidió la intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Gobernación y el Mecanismo de protección para periodistas de esta dependencia.
