El gobierno estadounidense reveló que revisa a profundidad los casos sobre quejas laborales en México en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En un aviso, el Comité Laboral Interinstitucional de Supervisión y Cumplimiento publicó las directrices de procedimiento finales para la presentación de información por parte del público con respecto a posibles incumplimientos de Canadá o México en la implementación de sus obligaciones laborales en virtud del T-MEC.
Al adoptar cualquier decisión, este Comité podrá, entre otras cosas, consultar y considerar las opiniones expresadas por un individuo o una entidad, incluyendo: funcionarios del gobierno de Estados Unidos, de cualquier gobierno local y de cualquier gobierno extranjero; el punto de contacto designado de la Parte pertinente; organizaciones sindicales y patronales; representantes no gubernamentales, comités consultivos; el peticionario; y el empresario, o el propietario o el operador de una instalación. A principios de julio, el gobierno de México pidió a su contraparte de Estados Unidos hacer un uso razonable del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC.
“(México) enfatizó la importancia de un uso razonable y de buena fe del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, el cual debe ser un recurso de última instancia y no debe pretender reemplazar, sino en todo caso reforzar las instituciones nacionales”, dijo la Secretaría de Economía en un comunicado de prensa.
Por otro lado, un panel interinstitucional del gobierno estadounidense consideró que el financiamiento continuo para nuevas instituciones de justicia laboral representa un desafío para México. El panel dirigido por la Representación Comercial y el Departamento de Trabajo reconoció que México ha estado asumiendo compromisos financieros “significativos” para implementar las reformas laborales exigidas por el T-MEC.
“A pesar de las significativas asignaciones presupuestarias para la reforma de la legislación laboral, la financiación continua de las instituciones laborales presenta un desafío, especialmente para los estados, que probablemente perderán el acceso a los recursos federales”, conjeturó.
El Comité Laboral Interinstitucional revisa cuidadosamente todos los documentos que se le presenten para determinar si pueden ser tratados como exentos de inspección pública y hace todo lo posible para proteger la información confidencial.
En México, las reformas están en marcha y se espera que incluyan un nuevo sistema de justicia laboral con tribunales especializados destinados a agilizar la resolución de conflictos laborales y procesos más democráticos en torno a las votaciones relacionadas con los sindicatos, así como nuevos procesos para garantizar una mayor igualdad de género, transparencia y rendición de cuentas en las directivas sindicales y la negociación colectiva.
Cabe recordar que a inicios de junio EU pidió a México que revise la supuesta denegación de los derechos de los trabajadores en una planta de confección mexicana, Industrias del Interior (INISA). Este caso representó la quinta ocasión en 2023 y décima en total, que EU solicita una revisión de México bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC. También fue la primera en el sector de la confección.
Con información de El Economista
