El Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó por adjudicación directa el 96% de los más de 13 mil 300 contratos realizados durante los últimos dos años de la gestión de Guadalupe Taddei.
Una investigación publicada por el medio La Jornada, reveló de los más de 13 mil 300 contratos que realizó el INE en los dos últimos años de la administración de Guadalupe Taddei, el 96% fueron por adjudicación directa y apenas una mínima parte por licitaciones.
El reporte señala que las contrataciones realizadas por adjudicación representaron alrededor de 2 mil 829.7 millones de pesos, recursos que fueron entregados a distintos proveedores sin pasar por un concurso público en el que varias empresas compitieran por obtener los contratos.
Entre las empresas que aparecen como beneficiarias destacan compañías dedicadas a servicios de seguridad privada, vigilancia y limpieza:
Una de ellas es Arzaa Protección y Vigilancia Especializada, que acumuló al menos 221 contratos para vigilancia y limpieza
Jurídicos Integrales FBP, con 96 contratos por 54.13 millones de pesos
Vigilancia y Protección a la Sociedad, con más de 43 millones
Seguridad Privada Guns 8A, con 22.8 millones
Protección y Logística Empresarial VYMSA, con 12.2 millones de pesos
La investigación también identificó contrataciones con personas físicas, entre ellas aparece Ana María Juárez Hernández, quien recibió al menos 49.5 millones de pesos mediante 60 convenios y otros dos contratos a través de la empresa Seguridad Privada Cabiexm.
¿Qué significa contratar por adjudicación directa?
La adjudicación directa es un mecanismo legal mediante el cual una institución pública selecciona a un proveedor sin realizar una licitación abierta para que distintas empresas presenten sus propuestas.
La adjudicación directa no es ilegal por sí misma, la ley permite utilizarla bajo determinadas circunstancias y con justificaciones.
El problema aparece cuando se utiliza de manera excesiva, sin suficiente justificación o cuando beneficia repetidamente a determinados proveedores.
En contraste, las licitaciones públicas permiten que diferentes empresas compitan y presenten ofertas, con el objetivo de obtener mejores condiciones para las instituciones y garantizar que el dinero se ejerza de manera eficiente.
Por ello, el porcentaje reportado en el INE pone bajo la lupa la forma en que se distribuyeron los recursos durante la administración de Taddei, particularmente por el monto de las contrataciones y la concentración de servicios en determinados proveedores.
Los datos cobran relevancia ante los señalamientos sobre posibles irregularidades en procesos de contratación y la necesidad de revisar los procedimientos para determinar si existieron incumplimientos o responsabilidades administrativas.
Hasta ahora, el hecho de que un contrato se haya otorgado por adjudicación directa no significa por sí mismo que exista una ilegalidad.
Para establecerlo, las autoridades deberán revisar las justificaciones, los procedimientos y el cumplimiento de cada contratación.





