Después de tres requerimientos oficiales, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió formalmente al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) que las autoridades locales carecen de atribuciones sobre las aguas de dominio nacional.
Cualquier estudio o acción de prevención, sostuvo la dependencia federal, debe realizarse “siempre dentro de sus respectivas competencias, mediante mecanismos de coordinación interinstitucional y sin invadir las atribuciones federales en materia de aguas nacionales”.
La postura de la dependencia federal fue manifestada en el oficio B00.906.00.1.7677, recibido por el órgano electoral local el 29 de octubre de 2026, tras tres requerimientos de información formulados por la Secretaría Ejecutiva del IEE.
En dicho documento, Conagua puntualizó además que “no existen estudios, dictámenes o determinaciones oficiales que establezcan consecuencias específicas por el descenso del almacenamiento de la presa por debajo del 22 por ciento de su capacidad”, precisando que esa cifra no constituye un umbral legal o técnico de riesgo oficialmente reconocido.
La intervención de la autoridad hídrica nacional deriva del procedimiento radicado bajo el expediente IEE-IPS004/2026, iniciado tras la solicitud presentada el 3 de septiembre de 2026 por el ciudadano y activista ambiental Luis Andrés Rivera Levario.
El promovente requirió la activación del instrumento de participación social denominado Consulta Pública para someter a votación de los ciudadanos de la región la interrogante “¿Consideras URGENTE que las autoridades estatales (Junta Central de Agua y Saneamiento y Secretaría de Desarrollo Rural) realicen estudios integrales para determinar los posibles riesgos y daños socioambientales si el nivel de la presa La Boquilla (Lago Toronto) desciende por debajo del 22% de su capacidad”?
El planteamiento pretendía evaluar el impacto socioambiental derivado del acelerado abatimiento del embalse, considerado el cuerpo hídrico más importante del estado y la fuente primaria para el Distrito de Riego 005 y el río Conchos.
La presa inició el ciclo agrícola de 2026 con cerca del 38% de su capacidad, pero para finales de junio descendió a 24.211% (689.24 Mm³ ) y en julio rondaba el 23%.
Durante esa etapa, La Boquilla registraba una extracción de 35 metros cúbicos por segundo (m³/s), frente a sólo 5 m³/s extraídos de la presa Francisco I. Madero (Las Vírgenes), situación que motivó exhortos en el Congreso del Estado ante el temor de que el almacenamiento colapsara a niveles de entre 11% y 12% al cierre del ciclo.
La disminución del volumen impacta directamente el abastecimiento para consumo humano e irrigación en los municipios de San Francisco de Conchos, Camargo, La Cruz, Saucillo, Delicias y Julimes.
Para integrar el expediente, la Secretaría Ejecutiva del IEE solicitó dictámenes técnicos a las instancias estatales mediante acuerdo del 17 de septiembre de 2026.
En respuesta, la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) emitió el 28 de septiembre el Oficio D. E. 008162026, donde manifestó no tener competencia legal ni facultades operativas o administrativas sobre la presa o las aguas de La Boquilla.
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) remitió el mismo 28 de septiembre el Oficio SDR.00.05.002.1130/2026, confirmando que el vaso y las aguas superficiales de la cuenca del río Conchos son de dominio público federal.
La dependencia adjuntó la «Evaluación de Riesgos como Efecto de la Sequía en el Área de la presa La Boquilla», estudio técnico elaborado con una inversión de 450 mil pesos por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) a solicitud del municipio de San Francisco de Conchos.
Con estos elementos de prueba, el Consejo Estatal del IEE declaró improcedente la solicitud durante su Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria celebrada el 11 de noviembre de 2026.
La resolución fue aprobada por unanimidad de votos de la consejera presidenta Yanko Durán Prieto y las consejerías Vanessa Adriana Armendáriz Orozco, Diana Patricia Ontiveros Aguirre, Jesús Miguel Armendáriz Olivares, Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz y Víctor Yuri Zapata Leos.
El órgano electoral local determinó que carece de competencia material para implementar la consulta, ya que la administración de obras hidráulicas federales y el control de extracciones corresponden de manera exclusiva a la CONAGUA, de conformidad con el artículo 27 de la Constitución política federal y los artículos 4, 9 y 113, fracción VII, de la Ley de Aguas Nacionales.
El IEE sustentó este criterio en el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dentro de la Controversia Constitucional 116/2020, el cual estableció que la participación de autoridades locales en la gestión hídrica no les otorga facultades de administración ni dominio sobre aguas nacionales.





