El exfiscal César Gustavo Jáuregui Moreno fue imputado formalmente por el delito de Traición a la Patria, como coautor y por una conducta presuntamente dolosa.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el exfuncionario consintió, autorizó y permitió la presencia de dos personas extranjeras en el operativo realizado en El Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, con lo que habría puesto en riesgo la soberanía y la independencia de México al intentar someter al país a un gobierno extranjero.
Sin embargo, la defensa de Jáuregui asegura que no existe ninguna prueba sólida, videográfica o documental que acredite su participación.
Además, plantea que, bajo la misma lógica con la que la Fiscalía pretende atribuirle responsabilidad al exfiscal, también debe investigarse a la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, para determinar qué sabía sobre el operativo y si tuvo alguna responsabilidad. Para la defensa, incluso es imperativo que la mandataria estatal sea llamada a declarar.
“Si vamos a entrar en ese terreno, pues habría que también investigar si la titular del Ejecutivo tenía conocimiento del operativo”, dijo el abogado Héctor Villasana en entrevista con SinEmbargo, luego de la audiencia de formulación de imputación, que se prolongó durante al menos ocho horas.
Para el abogado, quien integra la defensa del exfiscal, las declaraciones públicas de la Gobernadora, realizadas el pasado 14 de octubre en Latinus, en las que responsabilizó a Jáuregui y a otros funcionarios de la Fiscalía estatal de actuar sin su conocimiento, hacen necesario que la FGR recabe su testimonio y contraste sus versiones con los demás elementos de la investigación.
“Yo creo que lo que tendría que hacer la Fiscalía es citar a la Gobernadora, derivado de estas declaraciones que emitió, en las que cambió su versión, y hacerla comparecer a través de los mecanismos”, expresó Villasana.
El abogado señaló que, hasta donde tenía conocimiento, Campos Galván no había declarado ante la FGR en relación con la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU) en el operativo de la Sierra Tarahumara.
Recordó que el 27 de mayo fue citada, pero que no rindió declaración porque, según se informó entonces, cuestionó las condiciones del citatorio.
La defensa también consideró que la investigación debe profundizar en la cadena de mando y en el conocimiento que pudieron tener los distintos funcionarios sobre la participación de los extranjeros.
No obstante, Villasana insistió en que la imputación contra Jáuregui no está respaldada, desde su perspectiva, por pruebas que demuestren que autorizó o consintió la presencia de los agentes.
“Lo concreto aquí es que la acusación en contra del Fiscal César Jáuregui no está sustentada en ningún dato de prueba que concluya que él participó, consintió o autorizó la presencia de estas personas”, resaltó.
