El exfiscal César Jáuregui calificó como una “temeraria e irresponsable acusación” los argumentos de la Fiscalía sobre el riesgo de fuga y consideró que los señalamientos en su contra forman parte de un embate del poder. Durante su intervención ante el juez, rechazó las imputaciones y destacó que ninguno de los elementos de prueba presentados en la audiencia lo señala o menciona de manera directa.
El exfiscal señaló que, durante aproximadamente siete horas, escuchó los testimonios de más de 45 funcionarios públicos adscritos a la Fiscalía, además de la exposición de pruebas técnicas, análisis de comunicaciones telefónicas, ubicaciones mediante GPS y revisiones de dispositivos electrónicos. Afirmó que, pese a la amplitud de las investigaciones, ninguno de los testimonios ni los análisis presentados lo vinculan directamente con la participación de agentes extranjeros en el operativo.
“Ha quedado acreditado que, en una investigación exhaustiva, como la que realizó la Fiscalía, no se recabó una sola referencia sobre mi participación. No hay un nexo lógico-causal que establezca mi intervención para permitir la participación de agentes extranjeros en el operativo de El Pinal”, declaró.
Jáuregui cuestionó que la conclusión de la Fiscalía se sustente, según su interpretación, en videos que muestran reuniones suyas con dos funcionarios (Zuany y Oseguera). Sostuvo que ese material no demuestra una relación directa con los acontecimientos investigados y aseguró que tampoco existe un registro audiovisual en el que aparezca conversando con algún funcionario sobre la intervención de ciudadanos extranjeros.
Añadió que la acusación también se apoya en una declaración periodística realizada durante las primeras 48 horas posteriores a los hechos. A su juicio, no hay pruebas específicas que acrediten que conociera a las personas involucradas en la investigación o que hubiera participado en reuniones para autorizar su intervención.
El exfuncionario manifestó que le resulta difícil comprender que, después de las entrevistas realizadas a decenas de servidores públicos, ninguno lo haya mencionado como responsable. También sostuvo que, tras su salida de la Fiscalía, dejó de tener responsabilidades dentro de la estructura de la institución.
En relación con la actuación de los funcionarios que declararon ante el Ministerio Público, Jáuregui defendió su honestidad y afirmó que sus testimonios se rindieron con libertad y buena fe. Señaló que la titular del organismo encargado de investigar el asunto se desempeñó como fiscal de la Mujer durante su gestión, pero consideró que esa circunstancia no impidió que realizara una investigación honesta.
Indicó que su defensa ha planteado que las actuaciones de la Fiscalía pueden contribuir al esclarecimiento de los hechos y rechazó que los funcionarios estén sujetos a alguna influencia suya o a la posibilidad de manipular la investigación. Asimismo, recordó que rindió una declaración ante la Fiscalía General de la República, ante la titular de la comisión creada para investigar el caso.
Sobre su renuncia como fiscal general, Jáuregui afirmó que no la presentó para evadir responsabilidades, sino para evitar que su permanencia pudiera afectar las investigaciones. Aunque señaló que no incorporó su renuncia como prueba durante esa intervención, dijo que los términos en que dejó el cargo son conocidos en Chihuahua y que su decisión buscaba dar credibilidad al proceso.
“Su servidor jamás ha sido sentenciado por algún delito y nunca ha rehuido alguna responsabilidad jurídica cuando ha tenido que asumirla”, expresó. Añadió que no tiene dudas sobre la honestidad de quienes llevan a cabo la investigación y que está dispuesto a refutar los señalamientos en su contra por las vías legales.
Durante su exposición, el exfiscal también planteó un debate sobre los delitos relacionados con la seguridad nacional y las modificaciones legislativas realizadas durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Afirmó que estas conductas responden a un marco jurídico que, desde su perspectiva, todavía genera discusiones sobre sus alcances y aplicación.
Jáuregui sostuvo que, en ciertos supuestos, la participación de agentes extranjeros podría dar lugar a faltas administrativas para determinar qué autoridad federal es competente, aunque reconoció que se trata de un debate amplio. Añadió que la discusión tiene implicaciones para el rumbo del país, pero puntualizó que esos argumentos no deberían ponderarse para resolver su situación jurídica.
Al referirse al comandante Oseguera, quien murió en el accidente relacionado con el operativo, dijo que en distintas ocasiones se preguntó qué habría ocurrido si hubiera sobrevivido. En ese contexto, cuestionó si los narcotraficantes afectados por las acciones operativas podrían beneficiarse políticamente de la controversia que ahora enfrenta la institución.
El exfuncionario también criticó el uso de la prisión preventiva con fines políticos y recordó que, en sexenios anteriores en Chihuahua, esa medida se habría utilizado indebidamente como instrumento de venganza, sin que ello contribuyera a mejorar las condiciones de justicia en la entidad.
En cuanto al riesgo de fuga planteado por la Fiscalía, Jáuregui afirmó que siempre ha atendido los citatorios y que ha acreditado su arraigo en Chihuahua mediante los cargos públicos que ha ocupado y su participación política. Añadió que su aspiración a un cargo de elección popular constituye otro vínculo con la entidad y aseguró que no pretende aprovechar la situación para evadir el procedimiento.
También rechazó que sus supuestas conexiones con el extranjero le permitan sustraerse de la justicia. Consideró que esa hipótesis implicaría suponer que el Gobierno de Estados Unidos participaría en acciones ilegales para ayudarlo a evadir las autoridades, posibilidad que calificó de injustificada.
“Me parece temeraria e irresponsable esa acusación, porque la base del éxito en el combate al narcotráfico por parte del propio Gobierno federal es la coordinación y, en determinados casos, la intervención de agentes”, afirmó.
Jáuregui insistió en que no existe ningún elemento que permita suponer que pretende evadir la justicia, ya sea por su comportamiento personal, político o social. Reiteró que nunca ha eludido un procedimiento relacionado con alguna responsabilidad jurídica y que compareció ante la autoridad consciente de la importancia de la resolución.
Finalmente, sostuvo que las decisiones judiciales en su caso tendrán relevancia para la democracia, la división de poderes y la independencia de las instituciones. “Frente a los embates del poder, este tipo de resoluciones va sentando precedentes sobre la calidad de nuestra democracia, la división de poderes y la independencia en el ejercicio de las funciones públicas”, declaró.
Concluyó que respetará y acatará la determinación que emita el tribunal, cualquiera que sea su sentido.
