La administración del exgobernador utilizó cinco empresas constructoras con asentamiento en Parral, una facturadora con domicilio en Ciudad Juárez, así como a 15 ayuntamientos, para evadir impuestos fiscales en contratos por 242.9 millones de pesos, informó la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado.
Dichas empresas y los municipios tenían un proveedor común con domicilio en lo que resultó ser una papelería en Juárez, con quien facturaron 107 millones 488 mil 335 pesos.
La empresa fantasma estaba a cargo de una pareja de condición humilde. La mujer murió asesinada a balazos en octubre de 2016 y aun después de su muerte, se encontraron operaciones financieras a su nombre.
De acuerdo a la Secretaría de Hacienda, en las auditorías resultó muy evidente que las cinco constructoras de Parral trabajaban con los mismos 15 municipios, con Gobierno del Estado y con un proveedor en común al que no se detectó materialidad, bodegas, almacenes, nada que respondiera al tamaño de las operaciones.
La pareja de socios de la empresa facturera recibió cantidades importantes de las cinco constructoras y entre el 50 y 70 por ciento de las deducciones se realizó por medio de ellos, generando así el mecanismo más importante para los desvíos.
