El gobierno de Estados Unidos solicitó el 28 de abril la detención provisional con fines de extradición de diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, acusados de narcotráfico y delitos relacionados con armas, confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La dependencia informó que las solicitudes fueron recibidas a las 18 horas de ese lunes a través de la Embajada de Estados Unidos, y que conforme a la Ley de Extradición Internacional fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR) para su evaluación bajo la legislación mexicana.
Sin embargo, la SRE advirtió que los documentos remitidos por Washington «no cuentan con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas» cuya detención se solicita. La cancillería aclaró que será la FGR quien determine si existen elementos probatorios suficientes conforme al sistema jurídico mexicano y la viabilidad de proceder con las detenciones provisionales.
Adicionalmente, la SRE anunció que enviará un extrañamiento formal a la Embajada de Estados Unidos por la manera en que se dio a conocer la acusación, al señalar que los tratados bilaterales vigentes establecen provisiones específicas de confidencialidad respecto a este tipo de información.
Las solicitudes de extradición se relacionan con la acusación formal revelada este miércoles por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que imputa a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses —entre ellos un senador, un alcalde, exsecretarios de estado y mandos policiales— por conspirar con el Cártel de Sinaloa para introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense a cambio de sobornos y protección política.
