El Gobierno de México inhabilitó y multó a Soluciones Militares Tácticas Superior, S.A. de C.V. y West Armor, Inc. Incumplieron un contrato para proporcionar a Defensa cientos de miles de proyectiles antidisturbios: de gas lacrimógeno, bombas de humo y de pintura.
Emitió la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno la sanción a las empresas Soluciones Militares Tácticas Superior, S.A. de C.V. y West Armor, Inc. con una multa de 236 mil 527 pesos y su inhabilitación por cuatro meses para contratar con el Gobierno Federal o cualquier institución pública, tras incumplir un contrato adjudicado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Incumplimiento de contrato
De acuerdo con el comunicado oficial, la sanción deriva del incumplimiento del contrato D.G.ADMÓN.SAE-291/F/2022, otorgado mediante una licitación pública internacional en la que ambas empresas participaron de manera conjunta.
El contrato constó de la compra de armamento no letal para equipos antimotines, destinados a la Policía Militar.
Contemplaba la licitación internacional 2.8 millones de proyectiles de gas lacrimógeno, así como gas irritante con capsaicina, municiones de humo y municiones de marcaje (pintura para identificar personas).
La compra total fue de 325 millones de pesos. A las dos empresas sancionadas les tocó una parte, no se especifica cuánto.
La resolución fue emitida por el Órgano Interno de Control en la Sedena, notificada el pasado 27 de enero de 2026 y publicada este 14 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Como parte de la medida, ambas compañías ya fueron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en nuevas contrataciones con la Administración Pública Federal.
Alcance de la sanción: también aplica a representantes
El documento oficial amplía el alcance de la sanción al establecer que todas las dependencias federales, la Fiscalía General de la República, estados y municipios deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contratos con estas empresas.
Además, la restricción no solo aplica a las compañías, sino también a las personas físicas que las representaron: Anakaren García Sifuentes y Luis Aguirre León. Incluso, se especifica que no podrán participar en contrataciones públicas aunque intenten hacerlo representando a otras empresas.
La inhabilitación puede prolongarse
El DOF precisa que la inhabilitación de cuatro meses comenzará a partir del día siguiente a la publicación de la circular. Sin embargo, advierte que esta sanción podría extenderse si las empresas no cubren la multa impuesta, ya que la restricción permanecerá vigente hasta que se realice el pago correspondiente.
Asimismo, se aclara que los contratos que ya estén en curso con estas empresas no se verán afectados por esta medida.
La disposición también obliga a entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México a cumplir con la sanción cuando utilicen recursos federales en sus contrataciones.
Gobierno advierte consecuencias por incumplimientos
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno subrayó que las sanciones se impusieron conforme a la ley y bajo criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta.
Además, señaló que las empresas tienen derecho a impugnar la resolución, pero aseguró que defenderá la sanción “con firmeza”.
“Incumplir contratos públicos tiene consecuencias”, enfatizó la dependencia al reiterar su compromiso con la legalidad y la integridad en las compras gubernamentales
