El Gobierno Federal mantiene encarcelados a tres campesinos que participaron en la toma de la presa La Boquilla, a los que acusa de “terrorismo”. Además, despidió a 43 mandos medios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a los que culpa por el “incumplimiento” en enviar agua a los Estados Unidos para completar la cuota del país en el Tratado Binacional.
¿Cómo se iba a quedar quietecita la 4T con el estoque que le dejaron clavado en el lomo, mediante una faena estupenda, los productores agrícolas del Centro-Sur?
Como se recordará, el 8 de septiembre pasado, una multitud de campesinos de esa región, le arrebataron la presa La Boquilla al Ejército y la Guardia Nacional, que la custodiaban mientras el Gobierno federal se daba gusto extrayendo el agua de las tres presas principales para enviarla como pago a los Estados Unidos. ¿Será que López Obrador no se conformó con haber despojado a esta entidad del 70 al 75 por ciento del agua de riego para el ciclo agrícola 2021, que inicia en marzo con una superficie mínima para regar, y que en la práctica representa una catástrofe similar a la sequía de 1995?
No. El Gobierno de la “cuarta transformación” no está conforme y, como reza el dicho popular, no busca quién se la hizo, sino quién se la pague.
Busca quién se la pague 1.- La Conagua de Raquel Cisneros despidió a 43 mandos medios en Chihuahua con el pretexto del conflicto del agua. Los acusa de actos de corrupción, por «incumplir» (ellos, sus empleados) con el Tratado Internacional que ordena el envío de agua a Estados Unidos, aunque ese envío se decide en el Organismo de Cuenca Río Bravo y, para efectos del conflicto del agua en Chihuahua, las decisiones realmente se tomaron en Palacio Nacional. Al más puro estilo gangsteril, a estos empleados los amenazaron, uno por uno, con que, si no firmaban su “renuncia voluntaria”, la Conagua les fincará «acusaciones penales” y terminarán en la cárcel. Y ahí están, despojados arteramente de sus derechos laborales y con la incertidumbre encima de que van a ver interrumpidas sus carreras.
¿Cómo trató de justificar la Comisión Nacional del Agua la arbitrariedad? Con el estilo “cuatrotero” de enmascarar sus acciones como “combate a la corrupción” (véase el boletín del 23 de febrero de 2021): “Se continúa con la limpieza de todas las áreas de la Comisión Nacional del Agua, que se emprendió desde el inicio de la administración… parte de un proceso que se realiza al interior de todas las áreas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) desde el principio de la administración para asegurar la transparencia y el pleno apego a derecho en sus oficinas a nivel nacional, se determinó llevar a cabo la renovación de personal adscrito a la Dirección Local en el estado de Chihuahua. El objetivo de estos cambios es fortalecer a esta oficina; de ninguna manera la intención es desaparecerla. Lo anterior, en virtud de que se han detectado presuntos actos de corrupción, malos manejos o conductas inadecuadas que no pueden ser permitidos y que se alejan de los principios de honestidad, transparencia y combate frontal a la corrupción por los que se rige la institución.”
Y así se defendieron los empleados puestos en la picota: De acuerdo al testimonio de los trabajadores, Antonio Zamora, subdirector general jurídico, venido ex profeso desde México, fue quien los amenazó con ser investigados, en caso de que no renunciaran “voluntariamente”, y que estaban en poder de sus expedientes. “Dicen que es derivado de las omisiones en que supuestamente nosotros incurrimos el año pasado, derivado de la problemática del Tratado Internacional, pero nosotros no tenemos ninguna función relacionada, ya que las decisiones son tomadas por Oficinas Centrales, en México. Todo lo relacionado a la Presa, son ellos los que toman las decisiones”, refirieron, en tanto se organizaban para buscar una asesoría y defensa legal.
Busca quién se la pague 2.- Con la salida de estos empleados, quienes eran encargados de múltiples funciones y de atender y resolver trámites de los usuarios, las oficinas de Conagua, para empezar, se ven desoladas con los cubículos cerrados, los pasillos vacíos, sólo con secretarias que, las pobres, no tienen rango ni capacidad de resolver inspecciones, quejas, reposición de permisos para operar pozos, ni para renovar concesiones de aguas nacionales; y el resultado es que ningún productor u otros usuarios ni concesionarios de las aguas nacionales han podido ser atendidos. Se les recomienda que vayan a hacer sus trámites a Monterrey, a las oficinas del Organismo de Cuenca Río Bravo, viaje para el que deben tomar un avión, o bien hacer el trayecto por tierra, lo que les va a tomar 10 horas en automóvil desde acá, y diez de venida. Será, en todo caso, una aventura incierta y muy seguramente inútil, porque los expedientes siguen guardados físicamente en los archiveros de la Conagua en avenida Universidad número 3300, en la capital de Chihuahua. Así que Hans Dietrich, de los campos menonitas de Cuauhtémoc, o Esteban Gómez, del municipio de Ascensión, no podrán renovar sus correspondientes concesiones para pozos agrícolas, por lo pronto.
Busca quién se la pague 3.- Un grupo de productores agrícolas de Chihuahua y Durango, encabezado por Arturo Rentería Duarte, dirigente de Agrodinámica Nacional, responsable en el sur y norte de Durango, bloquearon las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Gómez Palacio, Durango, donde está la sede de la Gerencia Regional de Transmisión Norte: En tanto, en Jiménez y en Delicias, en el estado vecino, los afectados mantenían tomadas las vías férreas. Las protestas se dan en protesta por los cortes, apagones y desabasto de energía eléctrica que ha perpetrado la paraestatal, y que han paralizado a los pozos agrícolas y ocasionado pérdidas millonarias en la producción agropecuaria de ambas entidades. Se quejan de que esto sucede a pesar de que, en febrero del 2020, se firmó un documento entre productores y la CFE para establecer una tregua y suspender los cortes de energía eléctrica por adeudos no pagados. Esa tregua tenía una supuesta vigencia mientras se conseguía una reunión con el Senado para que los legisladores sirvieran de “puente” para realizar una negociación entre todos los involucrados en el sector agropecuario. «Y no se ha respetado la tregua, nos han seguido cortando la luz de los pozos». Nada se ha solucionado todavía, con excepción de que ahora ya los llamaron a negociar, pero con la condición de que cesaran las protestas y los bloqueos.
Busca quién se la pague 4.- Tres campesinos que participaron en la toma de La Boquilla el pasado 8 de septiembre, junto con otros cientos de sus compañeros afectados por el despojo de agua, fueron encarcelados durante la noche de ese mismo día, detenidos de manera violenta por una patrulla militar y enviados a prisión. Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez siguen prisioneros de la “cuarta transformación” desde entonces, acusados de “terrorismo”. Este 8 de marzo cumplen ya 6 meses de estar privados de su libertad, sólo por defender su derecho al agua de riego, y sin que su caso avance un milímetro en los juzgados.
LA CATÁSTROFE COMO MARCO SOCIAL
Las injusticias esbozadas arriba se presentan en Chihuahua dentro de un marco social definido por la falta de agua, consecuencia por un lado de la feroz sequía que azota al estado, y derivado también, fundamentalmente, de las decisiones equivocadas y faltas de toda sensibilidad del Gobierno federal.
Mientras que la superficie que se va a sembrar en la temporada 2021 en los distritos de riego 005 y 090, se desplomó en un total estimado entre el 70 y el 75 por ciento en las tierras irrigadas por el río Conchos y sus afluentes mediante las tres presas principales del estado, el desastre económico y social será mayúsculo en por lo menos 9 municipios de la entidad, directamente afectados. Tal catástrofe fue una consecuencia directa del despojo que hizo el gobierno de López Obrador, quien ordenó vaciar las presas para enviar agua a Estados Unidos y pagarle a Trump la cuota del país dentro del Tratado de Aguas binacional.
La otra cara del problema en Chihuahua es el desastre que significó en el 2020 la falta de lluvias en la zona temporalera del estado, con una disminución casi al 90 por ciento de la producción de maíz, frijol, avena forrajera y papa, entre los principales cultivos de la región Norte, Noroeste, Oeste y Sur. La sequía provocó daños irreversibles, porque la onda cálida no dejó desarrollarse a las plantas, por la insuficiencia de precipitaciones. El panorama fue desolador, es desolador, porque los agricultores de temporal depositaron algo de esperanza en unas probables lluvias en septiembre o en octubre pasados, para por lo menos levantar algo de forraje. Pero no llovió prácticamente nada. Y este año 2021, las previsiones meteorológicas no son nada halagüeñas tampoco para este sector. Todo se agrava porque ya no hay apoyos para el campo, debido a la eliminación que hizo el gobierno de la “cuarta transformación” de casi todos los programas que manejaba la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Social (Sagarpa), y con la eliminación de montos espeluznantes de partidas federales con que los gobiernos estatales participaban en programas locales de respaldo a la producción agropecuaria.
Desapareció, en medio de esa fiebre que contrajo Andrés Manuel López Obrador por eliminar todos los fideicomisos públicos, el Fondo de Desastres Naturales (el famoso Fonden), que pudo haber cubierto los daños por sequía atípica extrema. Eliminó el Seguro Agrícola Catastrófico y otros programas similares, pero recortó además en 40 por ciento todos los apoyos al campo.
Nula o muy escasa producción en esta temporada, en los dos pilares del agro chihuahuense, con la actual sequía, que está catalogada como la peor desde 1951.
LA LUCHA CONTRA LOS CORTES DE ENERGÍA EN POZOS
¿Y dónde entran, entonces, los agricultores que utilizan pozos en sus predios particulares?
El Noroeste
En lo que respecta al Noroeste de la entidad, se conocieron denuncias por cortes ilegales por parte de la Comisión Federal de Electricidad, a los pozos que bombean el agua con motores a base de electricidad. Por ejemplo, en octubre pasado -tiempo cuando se realizaban los últimos riegos-, productores denunciaron que la CFE estaba realizando cortes a los pozos agrícolas en varias localidades de aquella región. En esa ocasión se supo que los cortes los realizaba personal de la empresa paraestatal en Los Cienes, es decir, las comunidades menonitas de los Campos 102 al 117 ubicados en el municipio de Cuauhtémoc, así como también en Álvaro Obregón, Namiquipa y Casas Grandes.
Cuando se les cuestionó si ya les había llegado alguna notificación de corte o de cobro por parte de la dependencia federal, la respuesta general fue que no, que nunca les llegó absolutamente nada. Ludovico Enríquez, por su parte, dijo que se habían congregado unos 100 productores en uno de los lugares a donde llegaron los camiones a hacer el corte, para exigir a los trabajadores de la CFE la reconexión. “Resultó que nos vinieron a cortar, y ahorita andamos luchando porque nos reconecten en los Campos 102 y en el 117”. ¿Y cómo le hacen? Con la presión social sí les reconectan los de la CFE. “Porque si no acceden, les retenemos la troca”, explicó.
En aquella ocasión, “A los menonitas los agarraron descuidados porque ellos nunca se meten, pero ya les están afectando también”.
El Sur
Otra de las zonas de pozos afectados, es el valle del río Florido.
También en octubre pasado, productores de la región Sur del estado sufrieron cortes masivos en los ramales que dejaron a más de 40 pozos sin energía eléctrica, así como a varias comunidades, con lo que se afectó, asimismo, el suministro no sólo a las tierras agrícolas, sino a las propias comunidades en los domicilios. En este único caso, que se trae a colación sólo como un ejemplo del problema general, pero que victimiza a varios centenares de agricultores en todo el estado, fueron afectadas alrededor de 150 familias, por lo que, ni tardos ni perezosos, los campesinos tomaron en protesta las oficinas administrativas regionales y la subestación en Ciudad Jiménez. Arturo Rentería, líder de Agrodinámica Nacional en esa región, señaló que esas acciones por parte de la empresa, no sólo no se justifican, sino que son violatorias de un convenio de tregua entre la CFE y los productores. “Desde antier se presentaron muebles (vehículos) de la CFE que venían de Gómez Palacio y otros de Parral, y cortaron ramales en la región del Desierto, dejando sin luz eléctrica como a unos 30 o 35 pozos agrícolas y a una comunidad que se llama Las Glorias 2, pozos pagados y no pagados, pozos con medidor y sin medidor, y además cortaron un ramal que surte varios pozos por el lado del Ejido Morita y a dos ejidos más”.
Las comunidades afectadas en este caso, fueron de los municipios de Jiménez, López y Allende.
“TERRORISTAS”
Estos tres hombres son habitantes del municipio de La Cruz, y venían en horas de la noche aquel 8 de septiembre, después de haber participado entusiastamente de la toma violenta de la presa La Boquilla, distante a menos de una hora de sus hogares. Allá, de manera colectiva, la masa de agricultores, la mayoría como ellos, pequeños productores del campo, se abrió paso para romper la cerca de las instalaciones en la presa; entre todos obligaron a los militares de la Sedena y a los elementos de la Guardia Nacional, a retirarse. Fueron horas de tensión sin igual y sin precedentes en esta parte del mundo. Los integrantes de estas fuerzas militares debieron arrear su equipo y, a pie y en sus vehículos, formaron una fila para transitar en sentido contrario por la carretera Camargo- Boquilla. La escaramuza resultó un éxito, y la posición ganada por las fuerzas populares la mantienen hasta el día de hoy, con lo que los inconformes se aseguran de que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya no siga saqueando la poca agua que dejó. Pero los militares no se iban a ir sin llevar prisioneros.
Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez, acusados de portación de explosivos equiparable a “terrorismo”, siguen encarcelados como una represalia y para escarmentar a todos los que se opongan a los designios de la 4T. De acuerdo a su abogado, Gerardo Navarrete, permanecen detenidos en el Cereso de Aquiles Serdán luego de que se abriera una etapa de investigación complementaria que iba a tener una duración de tres meses. Ya pasaron seis meses, y esa primera etapa no concluye. Familiares y la defensa acusan al Gobierno federal de hacer hasta lo imposible para hacerlos aparecer ante la opinión pública como “terroristas” y para evitar a toda costa que declaren como testigos del ataque contra Jessica Silva y Jaime Torres. El abogado de los tres indiciados por la justicia federal, denunció que los fiscales presionan “por varias vías” al juez Nelson Pedraza, “para que actúe de acuerdo con los intereses políticos del Gobierno federal para sembrar un delito”, a pesar de que, según la parte defensora, “no hay evidencias de su culpabilidad”.
El 16 de septiembre, a una semana de la detención, el defensor presentó un dictamen de balística y criminalística emitido por el perito privado Víctor Hugo Vique Gutiérrez, quien aseguró que no encontró cargas explosivas ni explosivos en los artefactos que, según la Guardia Nacional, traían los inculpados, y que, de acuerdo con la defensa de los procesados, “les habrían sembrado al momento de la detención”.
Así es como transcurren en Chihuahua estas batallas desiguales entre un David que no se deja -un David que defiende sus derechos armado sólo con su humilde honda-, y un Goliat que, con todo el poder del Estado mexicano, con todos los recursos legales, económicos y militares de que dispone, no se resigna a perder un solo palmo de terreno. Y que cuando pierde una posición, por mínima que sea, arremete por diferentes flancos para dejar sentado frente al “enemigo”, que con el gigante mejor ni se metan. Pero la fábula se cuenta sola.
Por: Froylán Meza Rivera/Colaboración
