La industria agrícola está trabajando para evitar una posible crisis laboral tras las amenazas del Presidente electo Donald Trump de realizar una deportación masiva de migrantes después de asumir el cargo.
La cadena de suministro de alimentos de Estados Unidos depende de una fuerza laboral predominantemente inmigrante para algunos de sus trabajos más retadores, como pizcar fruta, aplicar pesticidas a los cultivos, operar maquinaria y sacrificar ganado. Alrededor de dos tercios de los trabajadores agrícolas en EU nacieron en el extranjero y 42% no está autorizado legalmente para trabajar en el país, dice un reporte del Departamento de Trabajo.
Los grupos comerciales agrícolas están presionando a la Administración entrante para que amplíe el uso de visas de trabajo temporales. Algunas granjas y procesadores de carne están forjando vínculos más profundos con reclutadores que pueden garantizar una oferta laboral estable.
Los sindicatos y las organizaciones de defensa de los trabajadores están tratando de educar a sus miembros sobre sus derechos legales y están desarrollando planes de respuesta por si las autoridades de inmigración realizan redadas en los lugares de trabajo. Además de los trabajadores indocumentados, a quienes tienen estatus legal les preocupa verse obligados a abandonar Estados Unidos.
Tener un menor grupo de trabajadores probablemente impulsaría a las compañías a aumentar los salarios, pero eso podría resultar en precios más altos de los alimentos, dijeron los ejecutivos.
«Nuestros miembros necesitan mano de obra consistente», destacó Julie Anna Potts, presidenta del Meat Institute, un grupo comercial.
Trump ha prometido tomar medidas enérgicas contra las personas que residen ilegalmente en el país y ha nombrado a Tom Homan, un halcón en materia de inmigración, para que supervise las políticas como su «zar fronterizo». Ha dicho que sus políticas darán cabida a más empleos estadounidenses y cerrarán redes de tráfico de migrantes que podrían albergar a delincuentes.
El Presidente electo y sus asesores también están trabajando en planes para restringir las formas de inmigración legal, afectando la capacidad de las empresas -y las granjas- de contratar trabajadores extranjeros.
Una trabajadora agrícola indocumentada en el Estado de Washington mencionó que pasa todos los días encorvada bajo la lluvia o el sol mientras pizca cerezas, manzanas, espárragos, peras y otros productos en los campos para un trabajo que le paga alrededor de 24 mil dólares al año.
La mujer, que ha estado en Estados Unidos desde que cruzó la frontera con México en 1998, cree que es más probable que Trump cumpla sus amenazas de deportar a millones de personas que en su primer mandato. Señaló que en sus 20 años de trabajo en granjas agrícolas estadounidenses, descubrió que la mayoría de las personas en los campos no están legalmente autorizadas para trabajar en el país.
«Sin nosotros, la comida se pudriría», afirma la madre de cuatro hijos.
Las plantas empacadoras de carne han dependido durante mucho tiempo de una fuerza laboral inmigrante para realizar las tareas que muchos trabajadores nacidos en Estados Unidos no harían. Los trabajos pueden requerir que los trabajadores estén de pie durante horas enteras, a menudo en temperaturas frías, moviendo cajas pesadas de carne congelada o cortando repetidamente canales bovinas en líneas de procesamiento en rápido movimiento.
Durante la primera Administración Trump, las plantas fueron blanco de los funcionarios de inmigración, quienes realizaron redadas en instalaciones porcinas en Ohio y en una planta en Mississippi propiedad del gran productor avícola Koch Foods. En una entrevista con una estación de televisión de Nueva York a principios de este mes, Homan señaló que anticipa que vuelvan a realizarse redadas en plantas empacadoras de carne y otros lugares de trabajo.
Desesperados por encontrar mano de obra a raíz de la pandemia del Covid-19, los procesadores de carne contrataron inmigrantes de Haití y otros países que podían trabajar legalmente en EU bajo el programa de Estatus de Protección Temporal, dicen funcionarios de la industria. A los ejecutivos les preocupa que si Trump pone fin al programa podría peligrar el estatus legal de las personas que trabajan en sus plantas.
«Hay mucho que no sabemos en este momento», señaló Donnie King, director ejecutivo de Tyson Foods, en una reciente llamada a inversionistas. «Evaluaremos cualquier política nueva y planearemos en consecuencia».
Desde la década del 2000, las plantas cárnicas han tenido que lidiar esporádicamente con una menor producción porque los empleados faltaban al trabajo si escuchaban rumores sobre una posible redada de inmigración, dijo Mike Cockrell, ex director financiero de Sanderson Farms, una de las compañías avícolas más grandes antes de que una fusión en el 2022 la convirtiera en Wayne-Sanderson Farms. Él espera que los costos laborales aumenten a medida que las empresas se pirateen trabajadores de sus rivales o atraigan a personas que actualmente desempeñan labores no agrícolas.
Es probable que el aumento en las deportaciones por parte de las autoridades de inmigración también podrían acelerar iniciativas dentro de las empresas para automatizar tareas y reducir su dependencia de la mano de obra humana, dijeron ejecutivos actuales y anteriores de la industria.
Ray Wiley, que dirige una empresa de personal que trabaja con empresas avícolas, dijo que las empresas comenzaron a expresar preocupaciones laborales hace unos seis meses de cara a una victoria de Trump, pero algunas están esperando a que asuma el cargo antes de tomar medidas. Wiley, cuya empresa Waterfield Labor Solutions recluta principalmente refugiados que tienen autorización para trabajar en Estados Unidos, mencionó que planea contratar más reclutadores anticipando que más empresas necesitarán sus servicios.
Las empresas han gastado colectivamente miles de millones de dólares para intentar automatizar sus plantas y así evitar dolores de cabeza laborales. Sin embargo, las máquinas aún batallan para igualar la capacidad de los humanos para destazar canales bovinas y porcinas que difieren en forma y tamaño.
En una de las plantas cárnicas más grandes de EU, en Colorado, la lideresa sindical local Kim Cordova destacó que algunos trabajadores legalmente autorizados para trabajar en EU han comenzado a preguntar si deberían renunciar a sus trabajos y huir a Canadá. Como resultado, dijo que el sindicato planea más sesiones de «conoce tus derechos» y ayudando a los trabajadores a elaborar planes en caso de que sean separados de sus familias.
«No tenemos un problema de indocumentados en nuestras instalaciones, pero los trabajadores temen las redadas», aseveró, agregando que, sin esos trabajadores, las plantas cárnicas tendrían dificultades para mantener la producción. «Acabará con esta industria».
