Un juez federal anuló el jueves una política de la administración Biden que tenía como objetivo facilitar el camino hacia la ciudadanía para algunos inmigrantes indocumentados que están casados con ciudadanos estadounidenses.
El programa, elogiado como una de las mayores acciones presidenciales para ayudar a las familias inmigrantes en años, permitió a los cónyuges indocumentados e hijastros de ciudadanos estadounidenses solicitar una green card sin tener que salir primero del país.
El alivio temporal de la deportación trajo una breve sensación de seguridad a unos 500.000 inmigrantes que se estima que se beneficiarán del programa antes de que el juez de distrito J. Campbell Barker, con sede en Texas, lo pusiera en suspenso en agosto, días después de que los solicitantes presentaran su documentación.
Barker dictaminó el jueves que la administración Biden había excedido su autoridad al implementar el programa y había extendido la interpretación legal de la ley de inmigración relevante «más allá de su punto de ruptura».
Es poco probable que la efímera iniciativa de la administración Biden conocida como “Mantener unidas a las familias” se mantuviera vigente después de que Donald Trump asumiera el cargo en enero. Pero su terminación anticipada genera mayor incertidumbre para las familias inmigrantes, ya que muchas se están preparando para el regreso de Trump a la Casa Blanca.
La victoria electoral de Trump esta semana prepara el terreno para una rápida ofensiva contra los indocumentados, después de que el republicano hiciera campaña con promesas de “deportación masiva”. El presidente electo animó a sus partidarios durante la campaña con una letanía de declaraciones antiinmigrantes, entre ellas que los inmigrantes estaban “envenenando la sangre” de la nación.
Durante su primer mandato, Trump nombró a Barker como juez en Tyler, Texas, que se encuentra en el Quinto Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, un lugar favorito para los defensores que promueven argumentos conservadores.
Barker había suspendido la iniciativa migratoria después de que Texas y otros 15 estados, encabezados por sus fiscales generales republicanos, presentaran una demanda acusando al poder ejecutivo de pasar por alto al Congreso para ayudar a las familias inmigrantes con “propósitos políticos flagrantes”.
Los republicanos argumentaron que la iniciativa creaba costos para sus estados y podría atraer más inmigrantes a Estados Unidos.
La política se habría aplicado a personas que han estado viviendo continuamente en los EU durante al menos 10 años, no representan una amenaza para la seguridad y han utilizado la autoridad legal existente conocida como “libertad condicional en el lugar”, que ofrece protecciones contra la deportación.
Quienes se hayan casado con un ciudadano antes del 17 de junio, el día anterior al anuncio del programa, podrán pagar una cuota de solicitud de 580 dólares y completar un extenso formulario explicando por qué merecen la libertad condicional humanitaria. Si se aprueba, los solicitantes tendrán tres años para solicitar la residencia permanente y obtener autorización para trabajar.
No estaba claro inmediatamente el jueves si alguien había recibido la aprobación bajo el programa, que sólo aceptó solicitudes durante aproximadamente una semana antes de que el juez lo pusiera en suspenso.
Los cónyuges no ciudadanos ya tienen derecho a obtener un estatus legal, pero a menudo tienen que presentar la solicitud desde sus países de origen. El proceso suele incluir una espera de varios años fuera de los EU, lo que puede separar a miembros de la familia con diferentes estatus migratorios.
