La iniciativa de reforma al Poder Judicial del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que presenta más de 100 modificaciones por Morena y aliados, presentan deficiencias y polémicas, señalan especialistas.
Arturo Espinosa, director del Laboratorio Electoral, dijo a El Economista que el proyecto que presentarían en una semana se aleja de su objetivo de mejorar la impartición de justicia:
«Lo que ellos buscaban era elegir a los jueces por voluntad popular; creo que pudieron haber hecho algo de un poco de más calidad, pensando sobre todo en el derecho de la ciudadanía a el acceso a la justicia y a una justicia pronta y una verdadera impartición de justicia».
Señaló que pese a que serían elegidos por voto popular no cuentan con presupuesto para promocionarse, lo que involucraría que busquen formas «bajo la mesa» de publicitarse.
«Van a tener 30 y 60 días de campañas, algunos van a tener que hacer campañas nacionales, sólo van a hacer a través de radio y televisión, no les va a costar (porque se prohibe el financiamiento público y privado».
Apuntó que con la renovación completa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los criterios jurídicos, desarrollados y refinados por los actuales ministros, serían alterados de manera abrupta.
El académico de la UNAM y la Universidad Iberoamericana, Javier Contreras, señaló que falta uniformidad en los tres comités de evaluación, uno por cada poder del Estado, encargados de seleccionar a los aspirantes a jueces, magistrados y ministro.
También criticó la falta de financiamiento a las campañas, ya que podría tratarse de una «votación a ciegas» con falta de información de los candidatos.
Eduardo Huchim, exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, señaló la posibilidad de que los candidatos recurran a actos académicos o plataformas digitales para exponer sus propuestas y proyectos.
Sin embargo, por esto mismo podrían elegir a los candidatos menos idóneos ante la falta de un diseño adecuado de los canales de comunicación.
