El nuevo registro obligatorio de líneas de telefonía móvil es insuficiente para erradicar las llamadas de extorsión, spam y los ciberdelitos en México y además permitir que haya certidumbre jurídica para los usuarios, consideraron especialistas.
Si bien el padrón busca asociar cada número de teléfono móvil con una identidad oficial, la delincuencia organizada cuenta con mecanismos técnicos para evadir el control de forma sencilla, dejando desprotegida a la población frente al delito, alertó Etzel Salinas, asociado senior del área de Telecomunicaciones, Medios y Tecnología (TMT) de la firma legal Hogan Lovells.
«Es una medida insuficiente porque existen distintas maneras en que los extorsionadores operan, como el spoofing, técnica de suplantación donde se manipula el identificador de llamadas para hacer parecer que vienen de otros números o del extranjero, o los ataques de phishing vía SMS», explicó en entrevista.
Para Ernesto Piedras, CEO de The Competitive Inteligence Unit (The CIU), la solución real para combatir la ciberdelincuencia no radica en un registro administrativo, que vive su tercer intento tras fallar en Administraciones pasadas.
La solución, consideró, es implementar una campaña permanente de educación digital para prevenir estafas y proteger el patrimonio de los usuarios.
Además este registro da una protección limitada a los consumidores porque la tecnología cambia de un momento a otro, así como los modus operandi de la delincuencia organizada.
«El grueso de llamadas e intentos de extorsión que se hacen no sólo son llamadas, son mensajes SMS, WhatsApp y diferentes usos tecnológicos. Por ejemplo, hay líneas que son adquiridas fuera del País y que utilizan numeración dinámica», refirió.
De acuerdo con Piedras, al cierre de junio de 2026 se contabilizaron 157.1 millones de líneas en el País, de las cuales 86.1 millones no han sido vinculadas. Proyectó que cerca de 8.6 millones de líneas podrían ser desconectadas si vence el plazo sin regularizarse.
En tanto, Salinas consideró que la regulación telefónica en México debe migrar hacia una estrategia integral de ciberseguridad, en lugar de depositar la solución de la delincuencia en un sólo registro.
La especialista enfatizó la necesidad de supervisar operativamente los centros penitenciarios y garantizar el funcionamiento de los inhibidores de señal en los reclusorios, punto de origen de múltiples extorsiones. Además de establecer marcos regulatorios robustos contra el spam.
«El registro es solo uno de los muchos elementos que se necesitan, pero ciertamente no va a calmar ni a ser la solución definitiva de este problema», apuntó.
