Mientras la incidencia de extorsión crece a nivel nacional, un estado del norte del país enciende todas las alarmas. De acuerdo con un informe de la Coparmex respaldado en cifras oficiales, Chihuahua no solo lidera el aumento proporcional de este delito, sino que lo hace con una cifra escalofriante: los casos se dispararon veinte veces en solo un año.
Los números son contundentes. Mientras que en el primer semestre de 2025 se contabilizaban apenas 4 víctimas en la entidad, para el mismo periodo de 2026 la cifra saltó a 97. Este incremento interanual del 2,325% significa que hoy se registran 23 veces más extorsiones que hace doce meses, un crecimiento que opaca el promedio nacional. En el resto del país, el panorama tampoco es alentador: entre enero y junio, 6 mil 562 personas sufrieron este delito, lo que representa un ascenso del 9.17% en comparación con el año anterior.
Pero el fenómeno no solo se mide en números, sino en modalidades. La nueva metodología del Registro Nacional de Incidencia Delictiva revela un cambio de paradigma en la comisión del crimen: el 70% de las extorsiones ya no requieren contacto físico, pues se perpetran a través de llamadas telefónicas, redes sociales o plataformas digitales. Solo el 20% ocurre de manera presencial, mientras que el resto son tentativas fallidas.
Frente a esta realidad, el sector patronal no se limita a diagnosticar; exige acciones concretas. La Coparmex sostiene que atajar esta ola delictiva exige más que buenas intenciones: se necesitan mecanismos verificables, inteligencia especializada y, sobre todo, coordinación institucional. Por ello, el organismo empresarial ha puesto sobre la mesa cuatro exigencias claras:
Unificar el frente legal: Urge terminar con la homologación de los códigos penales estatales para que todos se alineen a la Ley General en materia de extorsión, evitando así vacíos legales que beneficien a los delincuentes.
Dotar de recursos a los fiscales: Exigen que se garantice el presupuesto suficiente para que las fiscalías locales activen y operen unidades de combate especializado, tal como lo marca el artículo 13 de la ley vigente.
Vigilancia ciudadana y empresarial: A través de sus Centros Empresariales, la Coparmex plantea dar seguimiento directo al trabajo de las fiscalías, para monitorear tanto los avances como los rezagos en cada estado.
Cortar la comunicación desde la cárcel: Reclaman la instalación inmediata de inhibidores de señal en los penales, tal como lo estipula el artículo 38 de la Ley General, para que los líderes criminales dejen de operar desde el interior de las prisiones.
Finalmente, la confederación advierte que no bastará con aprobar las leyes; será necesario que sus propios Centros Empresariales certifiquen, una vez vencidos los plazos oficiales, que estas medidas se han implementado en la práctica y no solo en el papel.
