Chihuahua, Chih.— Desde el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Chihuahua, encabezado por Daniela Álvarez, fijamos nuestra postura ante la solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como frente a los señalamientos dirigidos a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
Pedir la licencia de Maru intenta, de manera burda, desviar la atención del caso Rocha/Sinaloa y de todo lo que enfrenta Morena, ahora que se expone su relación con el crimen organizado y queda en evidencia como narco partido y narcogobierno.
Y es que no se trata de un señalamiento menor: sobre Rocha pesa una solicitud de extradición y un proceso judicial abierto por el Departamento de Justicia de EE. UU., además de una orden de detención previa.
En ese contexto, la licencia de Rocha Moya no es justicia, sino una estrategia pactada para que el propio Gobierno de Morena lo investigue a sí mismo a través de la Fiscalía General de la República, escudándose en la “soberanía”.
Pero la soberanía no puede ser utilizada como pretexto: la soberanía no es defender a presuntos criminales, es defender el territorio del crimen y darle paz a las familias.
En contraste con ese escenario, en Chihuahua no existe ninguna acusación contra la gobernadora Maru Campos, ni aquí ni allá. Por el contrario, lo que sí existe es un operativo exitoso contra el narcotráfico, en el que se destruyeron millones de dosis de veneno.
Sobre los hechos recientes, la Gobernadora ya lo aclaró directamente con el secretario Omar García Harfuch: no estaba enterada de la presencia de extranjeros en el convoy, situación que también fue desconocida por la Federación y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Precisamente por ello, se actuó de manera inmediata y con responsabilidad: se ordenó una investigación interna con la Unidad Especializada, se separó al Fiscal de su cargo y existe una colaboración total y abierta con la Fiscalía General de la República en las investigaciones.
Esto marca una diferencia clara: la licencia es para quienes huyen de la justicia internacional por complicidad; en Chihuahua, el Gobierno encabezado por Maru Campos se mantiene firme en el combate al crimen con transparencia.
Mientras Morena protege sospechosos, en Chihuahua se entregan resultados.
Y los resultados en Sinaloa reflejan el fondo del problema. El saldo del desastre de Rocha Moya es contundente: más de 10 mil personas afectadas entre homicidios (4,246) y desaparecidos (5,791); más de 24 mil empleos perdidos y la desaparición de más de 5 mil empresas; y tan solo el día que pidió licencia, se registraron 10 asesinatos en su estado.
