México concentra el mayor número de acciones urgentes por desapariciones en el mundo, con 819, de las cuales 40 ocurrieron en los últimos cinco meses, de acuerdo con el informe del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La organización civil en defensa de los derechos humanos, Idheas, acusó que este escenario revela fallas estructurales en los sistemas de búsqueda implementados por el Gobierno.
«El procedimiento de acción urgente, diseñado como mecanismo excepcional humanitario, se ha convertido -en el caso mexicano- en un instrumento recurrente, lo que indica fallas estructurales persistentes en los sistemas nacionales de búsqueda e investigación», expuso.
De acuerdo con el documento, la Administración de Claudia Sheinbaum carece de estrategias integrales de búsqueda con planes, cronogramas y coordinación efectiva.
Asimismo, señala retrasos graves e insuficiencias en diligencias de videovigilancia, telefonía e investigación de funcionarios, protección inadecuada a familiares, buscadores y amenazas.
Entre octubre de 2025 y marzo de 2026, el Comité emitió 40 acciones urgentes para pedirle al Estado mexicano que despliegue inmediatamente todas las medidas necesarias para buscar, localizar e investigar la desaparición de una persona, además de proteger a su familia.
Según el informe, 21 de ellas corresponden a desapariciones de grupos de migrantes hondureños y cubanos que atravesaban el Estado de Chiapas, entre octubre y diciembre de 2024, ya con Sheinbaum al frente del Gobierno.
Además, acusa posibles vínculos entre autoridades mexicanas y grupos del crimen organizado que operan en la localidad de San José El Hueyate, cercana a la frontera con Guatemala.
En ese lugar, ambas agrupaciones tuvieron contacto por última vez con sus familiares antes de subirse a embarcaciones pequeñas que las llevarían a Oaxaca.
En Jalisco, donde el año pasado el colectivo Guerreros Buscadores localizó un centro de adiestramiento, desaparición y exterminio operado por grupos criminales en el Rancho Izaguirre, el Comité documentó que las autoridades están relacionadas con los casos.
«Hombres armados que se identificaron como miembros de la Fiscalía sacaron por la fuerza a varias personas de un lugar de trabajo y los videos mostraron una patrulla de la policía municipal en las cercanías», detalla el reporte.
Sin embargo, el organismo acusó que en ocasiones acciones clave para la indagatoria de los casos, como el interrogatorio a los oficiales, geolocalización y análisis de datos de los videos, no se realizaron.
