La presidenta Claudia Sheinbaum emitió un decreto presidencial para endurecer el Reglamento de la Ley Antilavado, reforzando las facultades del SAT y la UIF.
Publicó el Gobierno el decreto por el cual la Presidenta de México modifica el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Nuevo foco en personas políticamente expuestas (PEP)
Uno de los cambios más relevantes es la creación de un capítulo específico sobre Personas Políticamente Expuestas (PEP). La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) será responsable de integrar una lista oficial y permitir su consulta.
Esto implica que clientes con cargos públicos o cercanos al poder serán sujetos a mayores controles y revisiones, elevando el nivel de escrutinio en sus operaciones financieras o comerciales.
Se cierran vacíos: ya no basta con “dividir” operaciones
El decreto establece que las operaciones con un mismo cliente podrán acumularse hasta por seis meses para determinar si superan los montos que obligan a presentar avisos.
Con ello, se busca evitar prácticas como fragmentar operaciones para no reportarlas. A partir de ahora, la autoridad podrá analizar el comportamiento completo, no sólo transacciones aisladas.
Avisos por intentos de operación
Otra modificación llamativa es que se deberán presentar avisos en un plazo de 24 horas aunque la operación no se haya concretado, siempre que exista información para identificar a la persona involucrada.
Esto amplía el alcance de la vigilancia hacia conductas sospechosas, no sólo a operaciones efectivamente realizadas.
Más poder para el SAT
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) fortalece sus facultades para:
realizar verificaciones;
requerir información y documentación;
notificar electrónicamente;
imponer sanciones en plazos más cortos.
Además, podrá utilizar bases de datos, comprobantes fiscales y otros registros electrónicos como sustento para sus resoluciones, lo que agiliza los procesos de fiscalización.
Más obligaciones para empresas y profesionistas
Quienes realicen actividades vulnerables deberán:
estar inscritos en el RFC y contar con e.firma vigente;
conservar información y documentación por al menos 10 años;
someterse a auditorías internas o externas;
acreditar la corrección de irregularidades detectadas;
cumplir con nuevos criterios más estrictos para la presentación de avisos.
El incumplimiento podrá derivar en sanciones más rápidas.
Mayor trazabilidad en operaciones y pagos
El reglamento también precisa cómo determinar fechas, montos y formas de pago en diversas operaciones, especialmente en actividades como servicios financieros, uso de instrumentos de valor, operaciones con fe pública y traslado de dinero.
Esto busca reducir ambigüedades y mejorar la trazabilidad de los recursos.
Más control, menos margen de error
En conjunto, las reformas apuntan a un sistema más estricto y operativo en la prevención del lavado de dinero. Para ciudadanos, esto puede traducirse en más solicitudes de información en ciertas operaciones; para empresas y profesionistas, en mayores cargas de cumplimiento y supervisión.
El decreto entró en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación y forma parte de una estrategia para fortalecer el combate al uso de recursos de procedencia ilícita en el país
