El Senado de la República tiene listo el proyecto de dictamen del Plan B: mantiene la revocación de mandato para el 2027 y establece un tope de 15 regidores por municipio, eliminando cualquier piso mínimo que, según el propio texto, habría implicado un aumento en la plantilla de más de mil ayuntamientos del país.
El proyecto, fechado este martes 24 de marzo y firmado por los senadores Óscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza Cázarez, presidentes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, fue presentado en reunión extraordinaria convocada para su discusión y, en su caso, aprobación. El documento contempla modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En materia de revocación de mandato, el dictamen establece que el proceso podrá solicitarse durante los tres meses posteriores a la conclusión del segundo o tercer año del periodo constitucional, y que la jornada de votación se realizará el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio. Bajo ese calendario, el primer ejercicio posible de revocación contra Sheinbaum, quien inició su mandato en octubre de 2024, correspondería al año 2027. Adicionalmente, se incorpora la figura de que la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor, y se amplía de 3 a 60 días el periodo de veda de propaganda gubernamental previo a la jornada.
Respecto a la integración de los ayuntamientos, el dictamen corrige la propuesta original al eliminar el número mínimo de regidurías y fijar únicamente un máximo de 15, junto con una sindicatura por municipio. El texto original de la iniciativa presidencial no establecía ese piso mínimo, pero las comisiones advirtieron que una redacción sin parámetro claro habría incentivado incrementos en la composición de cabildos en gran parte del país. Los municipios que actualmente operen con menos de 15 regidores conservarán su integración vigente.
El documento también subsana lo que las propias comisiones reconocen como un error técnico de la iniciativa original: la ausencia expresa del principio de paridad de género en la nueva composición municipal. El dictamen reincorporó los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en la integración de los ayuntamientos, alineándolos con reformas constitucionales recientes. El mismo criterio se refuerza para los congresos locales, cuyas constituciones estatales deberán garantizar esos principios en la integración y funcionamiento de los órganos legislativos.
En materia presupuestal, el texto establece que el Senado de la República deberá reducir su presupuesto de manera progresiva durante cuatro ejercicios fiscales, hasta alcanzar una disminución acumulada del 15 por ciento en términos reales respecto al presupuesto aprobado para 2026. Las legislaturas locales, por su parte, quedarán sujetas a un techo del 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente. El texto del decreto amplía también la prohibición de uso de recursos públicos en procesos de revocación de mandato, incluyendo ahora tiempos oficiales y contratación de propaganda.
La reforma avanza con tensiones al interior del bloque oficialista. Trascendió que el Partido del Trabajo mantiene reservas sobre varios puntos del dictamen, lo que genera incertidumbre sobre cómo votarán sus senadores cuando el pleno sea convocado para su resolución definitiva. El decreto establece que el Congreso de la Unión y las legislaturas locales deberán armonizar su marco jurídico con el contenido de la reforma a más tardar el 30 de mayo de 2026.
