El Pleno del Senado de la República avaló, en lo general, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
La minuta, que había sido remitida horas antes por la Cámara de Diputados, fue aprobada con 85 votos a favor y 36 en contra, tras un intenso debate donde las bancadas oficialistas y de oposición expusieron visiones radicalmente distintas sobre el futuro de la gestión hídrica en el país.
El objetivo central de la nueva legislación es regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, priorizando su consumo humano y doméstico sobre cualquier otra autorización, permiso, concesión o asignación del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina (Morena) defendió la reforma, asegurando que el proyecto coloca a la persona en el centro, no a los «grandes acaparadores de agua». Afirmó que la legislación es la «mayor aliada de los productores y los campesinos de México», pues crea un “trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente” y «elimina la visión mercantilista del agua y la regresamos a su dueño legítimo, que es el pueblo de México”.
Por su parte, Juanita Guerra Mena (PVEM) argumentó que la reforma consolida una visión de Estado que asume el agua como un bien social, haciendo que México avance hacia un “modelo de gestión más justo, transparente y sostenible, que garantiza el acceso al agua como uno de los principales derechos humanos”.
En contraste, la oposición alertó sobre los peligros de concentración de poder y discrecionalidad política. La senadora Verónica Rodríguez Hernández (PAN) señaló que la reforma convierte el agua en un «instrumento de manipulación política y electoral», al otorgar al Gobierno Federal la potestad de decidir «de manera discrecional, quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar». Esto, advirtió, es peligroso para la democracia, el campo y la seguridad alimentaria.
Desde el PRI, Carolina Viggiano Austria acusó que el proyecto carece de estudios económicos y presupuestales, no asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia, y no consultó a los pueblos originarios. Advirtió que, sin estos elementos, “el derecho al agua queda en el discurso, no en la realidad”.
Luis Donaldo Colosio Riojas (MC) coincidió en el riesgo de centralización, señalando que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos, concentran atribuciones en la Conagua sin reglas claras y crecen el riesgo de «arbitrariedad, de corrupción, favoritismos y de castigo político», desincentivando la inversión en el campo.
En defensa de la ley, Lizeth Sánchez García (PT) enfatizó los beneficios para las comunidades. Destacó que la legislación reconoce y da personalidad jurídica y patrimonio propio a más de 70 mil comités de agua, otorgándoles derechos y obligaciones claras. Subrayó que la ley asegura la transmisión expedita de derechos en herencias y compraventas, lo que protege el patrimonio de las familias campesinas, además de definir el uso agropecuario familiar para proteger la economía de subsistencia.
Tras la aprobación en lo general, la Ley General de Aguas pasará a la discusión y votación de sus artículos reservados.
