El Grupo Parlamentario del PAN advirtió que la iniciativa del Gobierno Federal para expedir una nueva Ley de Aguas representa un retroceso que pone en riesgo el acceso al recurso hídrico para comunidades, familias, productores, negocios y jóvenes, al tratarse —aseguran— de una reforma centralista, recaudatoria y orientada al control político, más que a atender la crisis hídrica del país.
Desde el podio del Palacio Legislativo, el coordinador Elías Lixa Abimerhi señaló que la propuesta “lejos de garantizar derechos, concentra el agua en manos del gobierno y excluye a quienes todos los días viven la escasez”. Afirmó que la iniciativa fue construida sin diálogo real y con una visión que “castiga al que trabaja y premia la discrecionalidad”.
El diputado Francisco Pelayo subrayó que el PAN rechaza la reforma porque desmantela el uso agrícola, ganadero y acuícola, elimina la transmisión de derechos y reduce las concesiones a permisos temporales. “El campo no puede funcionar con permisos al vapor ni con la incertidumbre de que mañana la Conagua decida quién sí y quién no puede producir”, advirtió.
En su intervención, el diputado Agustín Rodríguez recordó que el abandono del campo también afecta directamente a las familias y consumidores. “Si se frena la producción, se encarece la comida y se afecta la mesa de los mexicanos”, expresó. Asimismo, denunció que el gobierno ha recortado más de 105 mil millones de pesos en siete años, mientras mantiene una persecución contra productores que, dijo, “no solo es injusta, sino peligrosa en un contexto de inseguridad y violencia”.
Por su parte, el diputado Paulo Martínez anunció que el PAN presentará propuestas para corregir la reforma, entre ellas decisiones técnicas y no políticas, mayor presupuesto para infraestructura hídrica, fortalecimiento de estados y municipios, protección al campo, reglas claras para la transmisión de derechos y concesiones acordes a las necesidades productivas. “No se puede pedir más a los municipios si el gobierno no aporta un solo peso adicional; quieren cargarles obligaciones sin brindarles herramientas”, afirmó.
El grupo parlamentario también alertó sobre el impacto de la iniciativa en pequeñas y medianas empresas, jóvenes emprendedores y negocios locales, que dependen del acceso seguro al agua para operar. “La reforma afectará desde la producción agrícola hasta los comercios, la industria y los servicios. Esto no es solo un tema rural, es un golpe directo a la economía familiar”, sostuvo Lixa.
Además, el coordinador advirtió que la ley es “criminalizadora”, pues podría sancionar incluso a familias que trasladen agua para consumo humano en situaciones de desabasto. “Es inaudito que el gobierno prefiera penalizar a la gente en lugar de invertir en infraestructura”, añadió.
Finalmente, Lixa reafirmó la postura del PAN: “México necesita una ley seria, técnica y responsable; el agua es un derecho, no un instrumento de control político.”
