El presidente Donald Trump ha intensificado su presión sobre el Departamento de Justicia, desatando alarma entre fiscales federales y expertos legales que temen por la independencia histórica de la institución.
Tras meses de críticas abiertas y sugerencias de intervención, la reciente destitución de un fiscal clave en Virginia ha encendido las alertas sobre un posible intento del mandatario de influir directamente en investigaciones sensibles.
EL cese de Erik S. Siebert, fiscal federal del Distrito Este de Virginia designado por el propio Trump, se produjo luego de que este se negara a presentar cargos contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el exdirector del FBI, James Comey. La Casa Blanca había presionado para procesarlos, pero Siebert alegó falta de pruebas. Esta decisión pareció desencadenar represalias, lo que ha generado inquietud entre fiscales en otros estados como Maryland, Georgia y Virginia Occidental.
En los últimos días, el presidente y su equipo también han amenazado con utilizar las leyes de crimen organizado contra donantes y organizadores del Partido Demócrata, acusándolos de incitar al «discurso de odio». La fiscal general Pam Bondi recibió incluso una instrucción directa de Trump, emitida públicamente por redes sociales, para acelerar los procesos contra figuras políticas de la oposición.
Exfuncionarios del Departamento de Justicia consideran que el nivel de interferencia actual no tiene precedentes desde el escándalo de Watergate. “Que la venganza personal guíe los procesos judiciales es una señal peligrosa para cualquier democracia”, advirtió Carol Lam, exfiscal federal en California. La creciente presión de la Casa Blanca, advierten, podría erosionar gravemente la credibilidad y autonomía del sistema judicial estadounidense.
