El coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, afirmó que la reforma en materia de justicia no restringe el amparo ni limita derechos ambientales o sociales, sino que busca modernizar y digitalizar el sistema judicial para hacerlo más eficaz.
Zaldívar precisó que la iniciativa únicamente aclara la figura del interés legítimo, retomando la jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte, lo que permitirá una aplicación más sencilla y sin restricciones. “Ni se limita, ni se dificulta el acceso al amparo, es muy importante tenerlo presente”, subrayó.
Respecto a la suspensión de cuentas bancarias vinculadas a la delincuencia organizada, señaló que se trata de una actualización necesaria. “Es falso que en cualquier supuesto de bloqueo no proceda el amparo. Lo que buscamos es evitar que, bajo pretextos, se liberen recursos del crimen organizado que después son imposibles de recuperar”, explicó.
Recordó que históricamente la Ley de Amparo ha tenido que adaptarse para evitar abusos, como en el caso de los centros de vicio o de los deudores alimentarios que evadían sus obligaciones. “Ampararse para proteger derechos es justicia, usarlo para violar la ley es impunidad”, sostuvo.
El funcionario aseguró que la iniciativa contempla salvaguardas para evitar errores: si una cuenta bloqueada pertenece a una persona ajena a la delincuencia, esta podrá solicitar la liberación inmediata de sus recursos. Con ello, concluyó, se fortalece la lucha contra el lavado de dinero sin dar un paso atrás en la protección de los derechos humanos.
