El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, aseguró a través de un posicionamiento difundido por su defensa legal, que los cuerpos de agua localizados en el rancho El Saucito, ubicado en el municipio de Balleza, no constituyen ninguna ilegalidad ni falta administrativa, y fueron destruidos injustificadamente por personal de la Comisión Nacional del Agua el pasado 27 de mayo.
En el comunicado, firmado por el abogado Enrique Eduardo Muñoz, la defensa de Duarte sostiene que dichos cuerpos de agua tienen origen en un aprovechamiento legal otorgado desde 1942 por la entonces Secretaría de Agricultura y Fomento Federal, que autorizó el uso de 700 mil metros cúbicos anuales del río Las Agujas para fines agrícolas, en favor de Cresenciano Duarte Tarín, antecesor del exmandatario.
“Estas obras hidráulicas no afectan el flujo natural del río ni representan riesgo alguno para la región; por el contrario, benefician a las comunidades indígenas cercanas al proporcionar agua para el ganado, apoyar en la contención de incendios forestales y preservar la fauna y flora”, puntualiza el documento.
La defensa también argumenta que la infraestructura fue sometida a peritajes oficiales, los cuales habrían demostrado que no se desvía ni se interrumpe el cauce natural del afluente. Aseguran además que las acciones de Conagua fueron desproporcionadas, ya que utilizaron maquinaria pesada para destruir embalses que forman parte de una concesión legal.
Duarte y sus abogados consideran que el tema fue reactivado con tintes políticos, pues los cuerpos de agua ya eran conocidos por la Fiscalía General del Estado desde 2017, cuando todos los bienes del exgobernador, incluido El Saucito, fueron asegurados por la administración de Javier Corral Jurado.
“Desde ese año, el predio, su infraestructura, ganado y equipo están bajo resguardo de las autoridades estatales, quienes son responsables de su estado actual”, acusan, y rechazan las versiones que señalan maltrato al ganado, deslindando al exgobernador de cualquier responsabilidad en su cuidado.
El posicionamiento también aclara que ni Duarte ni su familia promovieron recursos legales recientes, sino que fueron habitantes de la zona quienes interpusieron un amparo para frenar la destrucción del embalse. Esta suspensión fue confirmada por un Tribunal Colegiado, según indica el documento.
Finalmente, el equipo legal del exgobernador reiteró que se continuarán utilizando las vías jurídicas para demostrar lo que consideran excesos cometidos por el gobierno anterior y “desmentir la narrativa falaz construida para encubrir su fracaso administrativo”.
INFORMACIÓN DE TIEMPO.COM.MX
