El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas) reveló que identifican actualmente a 5 mil 500 solicitantes de visa, que tienen presuntos vínculos con el narcoterrorismo.
Esto reportó Todd Lyons, jefe del ICE, a la Cámara de Representantes, después de que las autoridades estadounidenses acusaran formalmente a siete miembros del Cártel de Sinaloa por narcoterrorismo y cancelaran visas a políticos mexicanos.
Destaca en México el caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, a quien le revocaron su visa, según dijo ella por una medida «administrativa», aunque evitó entrar en detalles.
Lyons compareció el Comité de Gastos de la Cámara Baja para justificar un aumento de fondos a su política de detenciones y deportaciones, Lyons indicó que sumó de forma independiente a la lista de vigilancia a 309 personas por dicha razón, incluidos 47 miembros de Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTF), como lo son los cárteles mexicanos.
«Estos programas han sido cruciales para identificar terroristas conocidos o presuntos, así como a miembros de Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT) y de OTF antes de que lleguen a las fronteras», señaló el funcionario.
Los miembros de una OTF, así como los extranjeros que la apoyen, son excluidos de la entrada y residencia en el país; les cancelan o niegan la visa.
Esto permite que el Departamento de Justicia investigue y procese a individuos o empresas que puedan haber brindado apoyo material a esa organización, incluso si no son miembros directos del grupo.
Sin dar nombres de personas específicas, Lyon aseguró que se trata de una de las prioridades de ICE, junto a la identificación, reclusión y deportación de inmigrantes con antecedentes criminales.
