De acuerdo con recientes reportes, Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, no es la única política de primer nivel en la mira de las investigaciones de autoridades en Estados Unidos, pues figuran personas como Adán Augusto López, Samuel García, Rubén Rocha Moya, entre otros.
El periodista Salvador García Soto publicó columna en El Universal titulada “La lista de Marco: políticos mexicanos en la mira de EU”, donde señala que hay 44 funcionarios o políticos de alto nivel en la mira del Departamento de Estado que encabeza Marco Rubio, por posibles nexos o actividades criminales.
Muchos de los políticos en la «lista negra» tienen que ver con contrabando de gasolina, el conocido “huachicol fiscal”, aunque también hay supuesto lavado de dinero y nexos con el narcotráfico.
Las sanciones del Departamento de Estado podrían ir desde la cancelación de visas hasta sanciones en apoyo de otras agencias como el Tesoro para congelar bienes o activos.
La lista.
Los gobernadores:
Marina del Pilar, de Baja California.
Alfonso Durazo, de Sonora.
Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán.
Layda Sansores, de Campeche.
Rubén Rocha Moya, de Sinaloa.
Miguel Ángel Navarro, de Nayarit.
Américo Villarreal, de Tamaulipas.
Samuel García, de Nuevo León.
Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco.
También están:
Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado.
Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.
Mario Delgado, titular de la SEP.
Clara Luz Flores, directora de Asuntos Religiosos de Segob y excandidata a gobernadora de Nuevo León, ligada también a la secta Nxivm desmantelada por trata de mujeres.
Manuel Bartlett Díaz, exdirector de CFE retirado y vinculado al caso Kiki Camarena.
Cuatro generales y demás militares mexicanos que participaron en labores de inteligencia.
La lista incluiría varios políticos y familiares de ellos, más allá de los enlistados arriba que son de primer nivel.
Marina del Pilar.
A la gobernadora Marina del Pilar le cancelaron su visa, al igual que a su esposo. La Embajada de Estados Unidos en México señaló que no comenta casos individuales, al no querer datos sobre por qué la investigan.
En el caso de hecha la afectación sería alta porque tiene su residencia en San Diego, California.
Sería cuestión de tiempo para que a otros gobernadores o políticos les pudieran aplicar una medida similar.
Marina del Pilar aseguró que “no fue por un delito” y que es “un asunto administrativo”.
El periodista Mario Maldonado también publicó una columna sobre lo ocurrido a Marina del Pilar Ávila y apunta a que el gobierno de Trump prepara una “cacería” de políticos mexicanos por supuesta corrupción o relación con grupos criminales.
