México.- Consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) responsabilizaron al Gobierno federal y a los diputados de no contar con boletas en braille para la elección judicial, como sucedía desde el 2003.
Esto, al negarles el presupuesto que solicitó el Instituto y orillarlo a organizar una elección con tropiezos y falta de tiempo.
En respuesta a organizaciones de invidentes y ciudadanos con esta discapacidad, el INE determinó la inviabilidad de contar con boletas en braille en la elección del 1 de junio.
Las áreas técnicas advirtieron que se requerirían seis cuadernillos con 42 páginas cada uno, unas 21 hojas, cuando en procesos anteriores era sólo una hoja, con valor de 27 pesos, y ahora sería de 567 pesos.
Además de eso, se tendría que contabilizar el costo del encuadernado, y el tiempo, pues en la elección del 2024 se necesitaron 49 días para imprimir 92 mil juegos de plantillas en braille, y ahora ese número se multiplicaría.
En la elección del año pasado, de los 207 mil 686 electores con alguna discapacidad que acudieron a las urnas, 2 mil 386 pidieron usar una plantilla braille.
«Tomando el dato de 2 mil 386 personas que utilizaron la plantilla braille, la producción de boletas braille para igual número de personas, implicaría la impresión de más de 100 mil 000 páginas en sistema braille, con un número de caracteres mucho mayor.
«Además requeriría un proceso de encuadernación, lo cual se estima que no podría concluirse en el periodo con el que se dispone para su oportuna distribución a los consejos distritales», indica el informe de las áreas técnicas.
La consejera Carla Humphrey recordó lo atropellada que ha sido esta elección, y los tiempos tan justos que han tenido para su organización.
«Los criterios y principios de progresividad y no regresividad, no pueden hacerse eficaces solo por voluntad institucional, sino que hay que hacerse cargo de las acotaciones circunstanciales y fácticas que cada proyecto o programa enfrenta, como las dificultades reales de naturaleza técnica y presupuestal.
«Es inviable porque ya no tenemos tiempo suficiente y por el recorte presupuestal. Lamento la imprevisión, el recorte referido no era inédito ni inesperado ni de primera vez. Debimos habernos adelantado, sobre todo en temas como éste, de maximización oportuna de derechos políticos y electorales para poblaciones y grupos en situación de vulnerabilidad», dijo.
Su compañera Claudia Zavala advirtió que en la organización de un proceso no sólo interviene el INE, sino otras autoridades del Estado mexicano.
«(Esa obligación de garantizar derechos) es del Estado mexicano, y el INE es parte de esas autoridades, pero no solo le recae al INE, es una consecuencia, una serie de actos, cada autoridad en su ámbito de competencia, que debe cuidar esos tramos para hacer eficaz los derechos.
«Empezamos con un presupuesto deficiente que ése es una parte que corresponde al legislativo, y también con plazos muy cortos para una reforma de tal calado, pero, además, disposiciones legales y constitucionales que tienen exigencias precisas de cómo se tiene que llevar a cabo esta elección», reclamó.
La consejera Dania Ravel recordó que ante los problemas que han tenido para garantizar estos derechos, el INE ha permitido a personas con alguna dificultad que estén acompañadas por alguien de confianza.
«Pero con independencia de esto me parece que no es óbice para lamentar el retroceso en este rubro al no poder tener plantillas brailles en esta elección», apuntó.
El Consejo General aprobó que para los procesos electorales del Poder Judicial en los próximos años analicen opciones para garantizar que este sector pueda votar, incluida la alternativa de «braille electrónico».
Ese análisis deberá estar listo en septiembre de 2026.
