Washington.- La Corte Suprema permitió el lunes al Gobierno de Donald Trump usar una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII para deportar a migrantes venezolanos, pero dijo que deben obtener una audiencia judicial antes de ser sacados de Estados Unidos.
En una decisión amargamente dividida, el tribunal dijo que la Administración debe darles a los venezolanos que, según afirma, son miembros de pandillas «tiempo razonable» para acudir a los tribunales.
Pero la mayoría conservadora dijo que los desafíos legales deben tener lugar en Texas, en lugar de en un tribunal de Washington.
En su opinión discrepante, los tres jueces liberales afirmaron que la Administración ha intentado evitar la revisión judicial en este caso y que el tribunal «ahora recompensa al Gobierno por su comportamiento». La jueza Amy Coney Barrett se sumó a parte de la opinión discrepante.
Los jueces actuaron sobre la apelación de emergencia de la Administración después de que el tribunal federal de apelaciones en Washington dejó en vigor una orden que prohíbe temporalmente las deportaciones de migrantes acusados de ser miembros de pandillas bajo la raramente utilizada Ley de Enemigos Extranjeros.
«A pesar de toda la retórica de los disidentes», escribió el tribunal en una opinión no firmada, la orden del alto tribunal confirma «que los detenidos sujetos a órdenes de expulsión en virtud de la AEA tienen derecho a ser notificados y a la oportunidad de impugnar su expulsión».
El caso se ha convertido en un punto álgido en medio de una creciente tensión entre la Casa Blanca y los tribunales federales.
La Fiscal General Pam Bondi calificó el fallo del tribunal como «una victoria histórica para el estado de derecho».
«Un juez activista en Washington, DC, no tiene la jurisdicción para tomar el control de la autoridad del Presidente Trump para conducir la política exterior y mantener seguro al pueblo estadounidense», escribió Bondi en una publicación en las redes sociales.
La orden original que bloquea las deportaciones a El Salvador fue emitida por el juez federal de distrito James E. Boasberg, juez principal del tribunal federal en Washington.
El Presidente Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial para justificar la deportación de cientos de personas bajo una proclamación presidencial que llama a la pandilla Tren de Aragua una fuerza invasora.
