Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, un proyecto ferroviario de la actual Administración, especialista consideró que el Gobierno debe ser transparente sobre las causas del accidente y que la autoridad se involucre más en la ejecución de las obras ferroviarias.
Carlos Barreda, especialista del sector ferroviario, comentó que el accidente obliga a la autoridad a tener un mayor involucramiento en las fases de planeación, abastecimiento de materiales y ejecución de las obras ferroviarias.
En entrevista, consideró que este hecho desincentiva el uso del ferrocarril como medio alternativo de movilidad.
«Es una situación que en poco abona al interés gubernamental de hacerlos al menos autosuficientes financieramente. ¿Cómo convencer a la población e incluso al turismo de subirse al tren si su operación no es ciento por ciento segura?», cuestionó.
En ese sentido, indicó que la clave en este ámbito será la transparencia en el manejo que se tenga de dicho accidente.
«Por ahora se ha cumplido con los protocolos para este tipo de accidentes. Se ha atendido a las víctimas en la medida de los recursos materiales y humanos que se tienen. Seguridad para el viajero y para la carga, inspecciones, bitácoras, monitoreo al tránsito diario, entre otros», dijo.
Consideró que se deben esperar los resultados de las inspecciones periciales que emita la autoridad para determinar cuáles fueron las causas del descarrilamiento, ya sea por defectos en el tipo y calidad de los materiales empleados o bien por fallas en la ejecución del tendido de la vía, o la calidad del equipo rodante o a su conductor.
Comentó lo anterior luego der ser cuestionado sobre la demanda que interpuso un grupo de afectados y familiares de estos, quienes buscan conseguir una indemnización por responsabilidad civil por omisiones o negligencia del operador.
Todo ello, dijo, sustentado en los dictámenes que en su momento emitió la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
«Se ve poco probable que la propia autoridad se sancione a sí misma. Los afectados con suerte podrían obtener algo adicional a lo contemplado en el seguro contratado en el mismo boleto», refirió.
En ese sentido, comentó que sí se tratara de algún otro concesionario posiblemente veríamos a la autoridad un poco más insistente en esclarecer los hechos y solicitando una pronta y cuantiosa reparación de daños para las víctimas del accidente.
«(Pero) Más allá de las sanciones, que finalmente no tienen otro propósito que desincentivar ilícitos, me parece que lo adecuado sería que la autoridad busque la cooperación y coordinación con el resto de concesionarios que conocen perfectamente la operación ferroviaria», puntualizó.
