Coordinador nacional electoral del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar y Vega, señaló que votar en contra de la reforma electoral no sería traicionar la coalición con Morena y señaló que es inviable tal como la presentó la Presidente Claudia Sheinbaum
Escobar y Vega reveló lo anterior en entrevista con el diario El Universal y dijo que el proyecto de reforma constitucional que pretenden enviar al Congreso la próxima semana es poco práctica y presenta una «enorme incongruencia» que sólo beneficiará al partido con mayores recursos.
Expuso que si Morena quiere el apoyo del PVEM para esta reforma necesitan que el dinero que resulte del recorte presupuestal se reparta equitativamente entre todos los partidos, y pide a Morena dar muestras de «generosidad».
Recordó que su partido apoyó todas las propuestas de reforma constitucional que presentaron Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum hasta el momento.
«Yo creo que en vez de fijarnos en lo que pudiéramos no estar de acuerdo, recordemos en todo lo que sí estuvimos de acuerdo, en todo lo que sí apoyamos. Yo creo que también tiene que ver desde el lado de allá una generosidad y un entendimiento», dijo el coordinador.
Además, otra de las propuestas es que las 200 fórmulas de representación proporcional se integren por principio de primera minoría, pues considera que resulta «incongruente» reducir recursos e incrementar el número de aspirantes que realicen campaña.
«No es viable para nosotros y no es viable para nadie», aseveró.
En cuanto a la reducción de recursos del INE, el pvemista dijo que «costó muchísimas décadas construir el INE, construir la posibilidad de que los votos fueran contados, de que hubiera certeza. Ni un peso se le debe recortar al INE, ni un peso».
Asimismo, mencionó que esta reforma está fuera de los 100 compromisos que hizo Sheinbaum Pardo y aunque están de acuerdo con la necesidad de reformas electorales, en esos 100 compromisos no se habló de una nueva propuesta para integrar la Cámara y tampoco se habló de una reducción del presupuesto.
Los 30 puntos clave de la reforma electoral
Se eliminan las listas plurinominales de partido. Nadie podrá quedar en una curul por decisión interna de las cúpulas partidistas. Todos los candidatos, incluidos los de representación proporcional, deberán ir a territorio a buscar el voto.
La Cámara de Diputados mantiene sus 500 integrantes, elegidos todos por votación directa: 300 por mayoría relativa en distritos electorales y 200 por representación proporcional bajo la fórmula vigente —la misma aplicada en 2015, 2018, 2021 y 2024.
De los 200 diputados de representación proporcional, aproximadamente 97 serán los candidatos que no ganaron su distrito pero obtuvieron los mejores resultados de su partido («mejores perdedores»), 95 se elegirán en listas votadas directamente por circunscripción —siempre un hombre y una mujer— y 8 serán elegidos exclusivamente por mexicanos residentes en el extranjero.
El Senado quedará conformado por 96 escaños: 64 por mayoría relativa y 32 de primera minoría. Se elimina la lista de representación proporcional senatorial, porque el Senado fue concebido como representación por entidad federativa.
Reducción del 25% en el costo total de las elecciones. El recorte abarca al INE, los partidos políticos, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y los tribunales electorales. En 2024, el gasto electoral federal y estatal sumó 61 mil millones de pesos.
Los salarios de consejeros y altos mandos del INE se ajustarán al tope del artículo 127 constitucional: ningún funcionario podrá ganar más que la presidenta de la República, quien actualmente recibe el sueldo más alto del sistema.
Se elimina la duplicidad de funciones entre órganos electorales federales y locales.
Se reduce el número de regidurías en los municipios del país, conforme a la población, con un máximo de 15 posiciones por cabildo.
Se equiparan y reducen los salarios de diputados locales. Hay congresos estatales donde un legislador gana hasta cinco veces más que en otros estados, a costa de entidades con escasos recursos.
Mayor fiscalización en tiempo real. El INE tendrá acceso oportuno a todas las operaciones financieras de partidos y candidatos. La fiscalización será función exclusiva del instituto, tanto en el ámbito federal como local.
Se prohíben las aportaciones en efectivo a partidos y candidatos. Todos los recursos deberán manejarse dentro del sistema financiero formal.
Se implementará un sistema de información cotidiana para que el INE cuente con datos de todas las operaciones financieras y «actividades vulnerables» de partidos y candidatos, con el objetivo de prevenir la captura criminal de los procesos electorales.
Voto migrante fortalecido. Los mexicanos en el exterior tendrán registro único —sin necesidad de renovarlo en cada elección— y se facilitará la obtención de la credencial de elector desde el extranjero.
8 diputados migrantes elegidos exclusivamente por mexicanos en el exterior, por partido político y con base en la proporción de votos que cada partido obtenga. Antes, estas posiciones las definían los propios partidos mediante listas.
Reducción de tiempos de radio y televisión en periodo electoral: de 48 minutos diarios por emisora a 35 minutos.
Regulación del uso de Inteligencia Artificial en campañas electorales. Se hará obligatorio el etiquetado de todo contenido generado o manipulado con IA.
Prohibición de bots y mecanismos artificiales en redes sociales durante procesos electorales. El INE tendrá facultad para ordenar la baja inmediata de campañas de desinformación. «La campaña de ‘narcopresidente’ que hubo en el 24, que el INE diga: ‘se baja, porque son puros bots'», ejemplificó la mandataria.
Se elimina el PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares). Los cómputos distritales comenzarán al término de la jornada electoral, el mismo domingo de la votación, para tener resultados directos sin esperar hasta el miércoles.
Ampliación de la democracia participativa a nivel estatal y municipal. Se establecerán reglas básicas comunes para un Sistema Nacional de Consultas Populares que incluya referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato.
Voto electrónico para mecanismos de democracia participativa —no para elecciones—, que permitirá a la ciudadanía participar en decisiones municipales y estatales fuera de los periodos electorales ordinarios.
Se constitucionaliza a la diáspora mexicana, se reconocen expresamente sus derechos políticos y se establecen reglas para su representación en el Congreso.
Prohibición de nepotismo. Los cargos de elección popular no podrán ser heredados a familiares, cónyuges, hijos ni hermanos. Esta disposición ya fue aprobada previamente y entra en vigor en 2030.
Prohibición de reelección consecutiva inmediata en todos los cargos de elección popular, a partir de 2030. Igualmente ya aprobada en ley.
Se desliga al INE de la elección y remoción de consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales. Las entidades federativas designarán sus propias autoridades electorales, aunque se subordinan al INE en elecciones concurrentes.
El ahorro generado podrá etiquetarse a gasto social: educación, salud o Programas de Bienestar. La mandataria estimó que un recorte del 25% sobre 10 mil millones podría significar 2 mil 500 millones de pesos redirigibles a hospitales, caminos o preparatorias.
La fórmula de representación proporcional no cambia. Se mantiene el mecanismo existente de distribución de escaños por proporción de votos entre partidos —acuerdo histórico de todas las fuerzas políticas— pero sin listas cerradas.
Se fortalece la paridad de género en listas y candidaturas, incorporando a nivel de ley lo que antes era solo un lineamiento del INE: la obligación de postular el mismo número de hombres y mujeres.
La reforma no elimina la autonomía del INE, ni la credencial de elector, ni el principio de representación proporcional. «No queremos un partido de Estado, no queremos un partido único», aclaró la mandataria.
La iniciativa se enviará al lunes siguiente a la presentación pública. La Comisión Presidencial revisará que no haya inconsistencias jurídicas antes de su envío al Congreso, cuya cámara receptora aún está por definirse.
La mandataria advirtió consecuencias políticas para quien no la apruebe. «La gente va a decir: ‘él la aprobó’, ‘él no aprobó’, ‘este partido aprobó’, ‘este partido no aprobó'», señaló, al tiempo que descartó que un eventual rechazo sea una derrota: «Al contrario, la gente va a decir: la Presidenta cumplió».
