El hecho de que cerca de ocho de cada diez familias en México reciba algún tipo de apoyo gubernamental se ha convertido en uno de los datos más citados por el discurso oficial como prueba del alcance de la política social. Sin embargo, analizado desde una perspectiva económica comparada, este indicador no necesariamente refleja éxito, sino que puede evidenciar un problema estructural más profundo: una economía incapaz de generar ingresos suficientes y empleo de calidad para que la mayoría de la población no dependa de transferencias permanentes del Estado.
De acuerdo con cifras de CONEVAL e INEGI, entre el 75 y el 80 por ciento de los hogares mexicanos recibe al menos un programa social, ya sea en forma de transferencias monetarias directas, pensiones no contributivas, becas o subsidios. Esta cobertura no tiene precedentes en la historia reciente del país. No obstante, los indicadores clave del bienestar económico muestran avances limitados. La pobreza laboral, que mide a la población que trabaja pero no puede adquirir la canasta básica con su ingreso, se mantiene alrededor del 35 al 37 por ciento, uno de los niveles más altos de la última década. Al mismo tiempo, la informalidad laboral supera el 55 por ciento de la población ocupada, lo que implica ausencia de seguridad social, baja productividad y escasas posibilidades de movilidad económica.
El contraste se vuelve más evidente al comparar a México con países donde los programas sociales existen, pero cumplen una función distinta. En Alemania, por ejemplo, menos del 25 por ciento de la población recibe apoyos sociales de forma regular, la informalidad laboral es inferior al 10 por ciento y el salario mínimo real es más de tres veces superior al mexicano. El diseño del sistema alemán prioriza el empleo formal, la capacitación técnica y la reinserción laboral, por lo que los apoyos son temporales y están condicionados a que el beneficiario recupere autonomía económica. En Chile, los programas sociales se concentran en el 40 por ciento más vulnerable de la población y se evalúan en función de la movilidad social lograda, con una informalidad cercana al 25 por ciento. Incluso en Brasil, donde el alcance de programas como Bolsa Família es amplio, el indicador central no es cuántas personas ingresan al sistema, sino cuántas logran salir de él una vez que mejoran sus condiciones de ingreso.
En México, ese dato prácticamente no se mide ni se comunica. Según estimaciones del Banco Mundial y la OCDE, una persona nacida en pobreza en el país necesitaría más de cuatro generaciones para alcanzar el ingreso medio, mientras que en las economías desarrolladas ese proceso toma entre una y dos generaciones. Esta baja movilidad social implica que los programas sociales, si bien alivian carencias inmediatas, no están rompiendo el ciclo intergeneracional de la pobreza. La ayuda se vuelve permanente no porque las familias lo deseen, sino porque el mercado laboral no ofrece alternativas reales para salir de esa condición.
La evidencia internacional es consistente en un punto: no existe una reducción sostenida de la pobreza sin crecimiento económico y empleo productivo. Las transferencias monetarias pueden mitigar crisis y reducir desigualdades extremas, pero cuando sustituyen al crecimiento, generan dependencia y estancamiento. México invierte menos que el promedio de la OCDE en capacitación laboral, carece de una política industrial moderna que eleve la productividad y no ha logrado convertir la inversión extranjera en salarios altos ni en cadenas de valor nacionales sólidas. El resultado es una economía que reparte más recursos públicos, pero genera poco ingreso nuevo.
En este contexto, medir el éxito de la política social por el número de beneficiarios crea un incentivo equivocado. Cuando el logro se define por cuántas personas reciben apoyo y no por cuántas dejan de necesitarlo, la dependencia se vuelve estructural y políticamente rentable. No se trata de un juicio moral sobre quienes reciben los programas, sino de una crítica al diseño de un modelo que no exige ni facilita una salida clara hacia la autosuficiencia económica.
Los países con sistemas de bienestar más sólidos no presumen cuántos ciudadanos dependen del Estado, sino cuántos logran integrarse al mercado laboral formal y mejorar su nivel de vida de manera sostenida. En ese sentido, el verdadero indicador de éxito no es la expansión indefinida de los programas sociales, sino su capacidad para reducirse con el tiempo gracias al crecimiento, el empleo y la movilidad social.
Presumir que el 80 por ciento de las familias recibe apoyos puede interpretarse, más que como una victoria, como el reflejo de una economía que no ha logrado despegar. La discusión de fondo no es ideológica, sino económica y social: si México aspira a ser un país que administre la pobreza de forma permanente o uno que genere las condiciones para que cada vez menos personas necesiten ser administradas por el Estado. Esa es la pregunta que sigue sin respuesta y que define el verdadero alcance de cualquier política social.
