Laura Fernández, candidata elegida personalmente por el presidente saliente como su sucesora, ganó las elecciones presidenciales de Costa Rica el domingo tras presentarse con una plataforma de mano dura contra la delincuencia, según un recuento preliminar de los votos.
La politóloga de 39 años es la segunda mujer que llega a la presidencia de Costa Rica.
Fernández, apuntalada por la popularidad del presidente Rodrigo Chaves, alcanzó el umbral necesario para ganar en la primera vuelta de la votación, una hazaña que ningún candidato presidencial había logrado en más de una década.
Los primeros resultados mostraban que había obtenido casi el 50 por ciento de los votos, mientras que sus oponentes más cercanos, un tecnócrata y una ex primera dama, quedaban significativamente rezagados, con un 33 por ciento y un 5 por ciento, respectivamente. Hasta el domingo por la noche, hora local, se habían procesado alrededor del 85 por ciento de los votos del país.
El año pasado, la autoridad electoral del país consideró que Chaves había utilizado su poder en el cargo para hacer campaña a favor de Fernández, una táctica prohibida por la Constitución. El presidente no podía optar a un mandato consecutivo, pero se considera probable que reciba un puesto importante en el nuevo gabinete.
“Porque desde el día número uno, usted confió en mí, usted creyó en mí y usted supo valorar mis méritos propios y darme la confianza para ser hoy la presidenta electa de Costa Rica”, dijo Fernández, exfuncionaria del gobierno de Chaves, a su mentor en una videollamada televisada tras anunciarse los resultados preliminares. “Créame que su trabajo, su legado en beneficio de este pueblo bendito está en buenas manos”.
Con su victoria, el movimiento populista de Chaves, que ha emprendido medidas para desmantelar muchas de las instituciones del país —como la modificación de la Corte Suprema y la obstrucción de la labor de los organismos de control—, seguirá en el poder al menos cuatro años más.
Chaves, quien se ha ganado la reputación de ser un outsider inconformista, con un estilo irreverente con el que degrada a sus críticos, hizo una aparición pública en una mesa de votación el domingo en San José, la capital. Una multitud vestida de blanco y turquesa, los colores del partido de Fernández, lo rodeó, aplaudiendo y coreando.
“¡Gracias, Chaves!”, decían. “¡No estás solo!”.
El presidente mandó besos volados a sus partidarios, luego se volvió hacia un grupo de votantes que gritaban consignas contra él y empezó a burlarse de ellos sacándoles la lengua y haciendo otras muecas burlonas.
El ascenso de Fernández coincide con una tendencia creciente en toda América Latina en la que la seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los votantes y los candidatos prometen medidas de mano dura para combatir la delincuencia.
Costa Rica, antaño la nación más pacífica de Centroamérica, se enfrenta ahora a una escalada de violencia impulsada por el narcotráfico transnacional. Desde 2023, el país ha registrado casi 900 homicidios al año, cifras que son un 50 por ciento más altas que antes de que Chaves asumiera el cargo en 2022.
La situación ha infundido un tipo de miedo que muchos costarricenses dicen que rara vez habían experimentado.
“Mi casa tiene campanas por todos lados”, dijo Stephanny Bejarano, de 39 años, maestra de preescolar en la provincia de Cartago, una zona cerca de San José que solía ser pacífica. “Le tuvimos que poner rejas por todos lados. Estoy acostada en la noche y se oyen las balaceras”.
“Eso hace cuatro años no pasaba”, dijo.
A pesar de la campaña de mano dura de Fernández, Bejarano votó por Álvaro Ramos, economista y tecnócrata, alegando un repunte de la violencia bajo el gobierno de Chaves.
Criticó al gobierno por ordenar la retirada de unidades policiales de la frontera con Nicaragua y cerrar estaciones estratégicas de la Guardia Costera en el Pacífico. Chaves defendió estas medidas como reorganizaciones estratégicas destinadas a aumentar la eficacia de las fuerzas de seguridad.
Durante la campaña, Fernández restó importancia a la preocupación por los homicidios y mantuvo algunas de las propuestas de Chaves para combatir la delincuencia.
Algunas de esas medidas se inspiraron en el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien ha tomado medidas enérgicas contra las pandillas en su país. Los homicidios han descendido en El Salvador, pero a costa de un aumento de los abusos documentados contra los derechos humanos.
La agenda de Fernández incluye la imposición de estados de excepción en distritos de alta criminalidad que permitirían suspender las garantías constitucionales. Medidas similares en El Salvador han dado lugar a un patrón generalizado de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, según grupos de derechos humanos.
En Costa Rica, una partidaria de Fernández, Marianela Moreno, de 76 años, defendió el estado de excepción. “Es la única forma de que se pueda entrar a las casas o a los nichos donde están los maleantes”, dijo.
Moreno dijo que Chaves “ha tenido mucha dificultad para tener mano fuerte” en cuestiones de seguridad porque sus aliados en el Congreso no disponen de mayoría. Algunas de sus propuestas, como un plan para endurecer la prisión preventiva para delincuentes reincidentes, fueron rechazadas por inconstitucionales.
“El sistema no está caminando y nosotros sentimos que las intenciones del presidente Chávez y el continuismo son muy buenas”, dijo el hijo de Moreno, Joaquín Solera, de 39 años. “Pero no han logrado cumplir todo lo que prometieron”, añadió, debido a que “hoy el poder judicial y el poder legislativo no han apoyado”.
Fernández también ha prometido ampliar el uso de escáneres de carga en puertos y aeropuertos, ampliar la cooperación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) y fortalecer las alianzas con la Interpol y las fuerzas de seguridad europeas. Afirma que su gobierno aplicará un control estricto sobre los precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo.
Fernández también se ha comprometido a concluir una megaprisión, como se le conoce, comisionada inicialmente por Chaves y diseñada para albergar a más de 5000 reclusos y mantener aislados a los líderes delictivos.
Bukele, presidente de El Salvador y aliado cercano del gobierno de Dondald Trump, estuvo en Costa Rica a mediados de enero para inaugurar la prisión, denominada Centro de Alta Contención del Crimen Organizado. La gigantesca prisión CECOT de El Salvador es un modelo para la que se está construyendo en Costa Rica.
Más allá de la seguridad, Fernández se ha inclinado por una plataforma profundamente conservadora.
Ha prometido duplicar las penas de prisión para las mujeres que aborten, hasta seis años. Y ha cortejado a los líderes evangélicos, prometiéndoles un papel decisivo en la selección de los responsables de sus ministerios de Educación y Salud.
“Hacía falta una sacudida”, dijo Guillermo Rodríguez, de 73 años, un hombre jubilado de San José que votó por Fernández, “un cambio fuerte en el país en cuanto a las gentes que nos han estado gobernando”.
La retórica de Fernández, en parte tomada de Chaves, ha hecho saltar las alarmas entre la oposición y los grupos internacionales de derechos humanos. Advirtieron que Fernández, al igual que su mentor, intentaría socavar los pesos y contrapesos políticos que han consolidado a Costa Rica como la democracia más estable de la región por casi 80 años.
Fernández pidió a los votantes que otorgaran a su partido, Pueblo Soberano, una supermayoría en la Asamblea Legislativa de su país que permitiría a su partido nombrar una lista de magistrados leales e impulsar enmiendas constitucionales a fin de que los presidentes puedan optar a un mandato consecutivo.
La composición definitiva de la asamblea legislativa se conocerá en los próximos días, a medida que los funcionarios electorales sigan con el conteo de votos.
El domingo, algunos votantes expresaron su malestar ante la perspectiva de que un movimiento político tuviera tanto poder.
“La ideología que está dominando ahorita mismo las elecciones me da miedo”, dijo Sofía Núñez, de 19 años, estudiante de física, quien votaba por primera vez. “Siento que es peligroso para el país, para la democracia que tenemos”. Dio su voto a Claudia Dobles, ex primera dama con una agenda progresista.
Algunos de los votantes de Fernández desestimaron esas preocupaciones.
“No es la intención que sea dictadura, pero sí la intención es poder tener más poder”, dijo Moreno. “No es para hacer lo que les dé la gana, es para poder cambiar ciertas cosas que no están bien”.
