El Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Chihuahua ha determinado que los pueblos y comunidades indígenas de la entidad federativa podrán elegir a sus representantes municipales con base en los usos y costumbres, sin la mediación de partidos políticos.
La determinación fue tomada por unanimidad durante la sesión pública 59, en cumplimiento a una sentencia de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Los juicios que dieron origen al pronunciamiento —identificados con las claves 69 a 75 del año 2023— fueron promovidos por personas Rarámuri, N´dee/N´nee/Ndé, Chinantecas, Purépechas y Mixtecas.
En ellos se señaló al Congreso por omitir la legislación necesaria para reconocer la elección de representantes municipales y legislativos mediante sistemas normativos internos, sin intervención de partidos políticos, tal como prevé el artículo 2 de la Constitución Federal.
Tras el análisis, las magistraturas Hugo Molina Martínez, Roxana García Moreno y Adela Alicia Jiménez Carrasco resolvieron reconocer el derecho de las comunidades promoventes a elegir autoridades municipales bajo sus normas internas.
El Tribunal ordenó al Congreso, con apoyo del Instituto Estatal Electoral, emitir la legislación correspondiente y establecer parámetros y procedimientos, lo cual deberá realizarse después de una consulta previa, libre e informada.
El magistrado presidente Hugo Molina Martínez celebró que por primera vez el Tribunal resolviera una acción colectiva en materia de derechos político-electorales indígenas: «y no es un dato menor, esto habla de un órgano jurisdiccional que asumió con responsabilidad la tarea de actuar conforme al principio de democracia incluyente, abrir espacios donde antes hubo barreras».
El Pleno también instruyó que la sentencia sea traducida a las lenguas de los pueblos involucrados y presentada en formato de lectura fácil. En palabras del magistrado presidente, «la justicia que no se entiende, no es justicia, y el derecho que no comunica, no transforma, queremos que cada comunidad entienda esta resolución con sus palabras, con su identidad, eso también es acceso efectivo a la justicia».
La magistrada Adela Jiménez destacó que la armonización constitucional tendrá efectos en la totalidad de Estado: «el propósito es que a través de sus sistemas normativos internos las personas indígenas elijan a sus representantes ante los Ayuntamientos para llevar a cabo dichas modificaciones se deberá garantizar el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada que tienen las comunidades y pueblos indígenas».
La resolución se enmarca en la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024, que elevó a rango constitucional el reconocimiento de la autonomía indígena como sujeto de derecho público y su facultad de elegir representantes municipales.
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