El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, antes conocido como Trife, regresó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ocho casos de candidatos de elección judicial bajo denuncia, acusando que el proceso fue incorrecto.
Dicha denuncia se remonta a hace dos semanas, el 30 de abril, cuando un grupo de ciudadanos y organizaciones denunciaron ante el INE a ocho candidatos a jueces y magistrados por considerar que no cumplían el requisito de elegibilidad, al tener supuestos vínculos con delincuentes, los llamados «narco candidatos».
A propuesta de la Magistrada Mónica Soto, consideran que las áreas del INE involucradas procesaron mal la denuncia de los quejosos.
Explican que la Unidad Técnica de lo Contencioso envió la denuncia a la Dirección Jurídica del INE, y esta la envió a la Sala Superior como medio de impugnación, lo cual fue incorrecto.
En la sentencia, alegan que los denunciantes buscan la cancelación del registro de estos candidatos por no gozar de buena reputación al supuestamente estar involucrados con el crimen organizado, por lo que el Tribunal Electoral no puede pronunciarse sobre el caso, sólo si se impugna la decisión del Consejo.
«Esta Sala Superior considera que deben remitirse los escritos de mérito al Consejo General del INE, para que, en el ámbito de su competencia legal y reglamentaria, determine lo conducente sobre la solicitud de cancelación del registro de diversas candidaturas a cargos de elección popular del PJF», indica.
«Máxime que dicha autoridad electoral recientemente ha aprobado Acuerdos, por un lado, vinculados con la verificación de los requisitos de elegibilidad de las candidaturas judiciales, así como con la atención de solicitudes sobre la cancelación de candidaturas por el incumplimiento de tales requisitos».
