El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, ha comenzado la transferencia de reclusos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) por primera vez en años, a pesar de las políticas locales de refugio que buscan proteger a las personas de la deportación.
Ocho reclusos fueron entregados a ICE en mayo y una docena más en junio, según registros del departamento del sheriff – Once son mexicanos, seis guatemaltecos y uno de Colombia, El Salvador y Honduras. Sus edades fluctúan entre los 19 y los 63 años.
Estas transferencias a ICE son las primeras que realiza el departamento del sheriff desde principios de 2020, cuando los registros muestran que 43 personas fueron enviadas a custodia federal de inmigración desde comisarías, cárceles y tribunales. Esto fue una marcada disminución con respecto a las 457 entregadas en 2019, durante el primer mandato del presidente Trump.
El departamento del sheriff y expertos legales afirman que los recientes traslados fueron legales y se llevaron a cabo de acuerdo con las políticas y ordenanzas de santuario aprobadas en los últimos años por el estado, el condado de Los Ángeles y ciudades como Los Ángeles, Long Beach y West Hollywood.
«Hemos estado monitoreando los mensajes del sheriff sobre la cooperación con el ICE y entendemos que las recientes transferencias de prisioneros al ICE responden a órdenes judiciales emitidas, según lo exigen las leyes federales y estatales», declaró el Inspector General del Condado de Los Ángeles, Max Huntsman. «A pesar de la retórica de ‘santuario’, desconocemos cualquier conflicto entre las leyes de California y las leyes federales sobre este requisito».
Sin embargo, las transferencias representan una nueva estrategia táctica que la administración Trump ha implementado discretamente, ya que agentes federales enmascarados han sembrado el miedo en las comunidades inmigrantes del Condado de Los Ángeles, deteniendo a personas durante cientos de redadas en negocios, hogares y espacios de reunión.
En un comunicado, el departamento del sheriff afirmó que “las leyes y políticas estatales y del condado permiten la cooperación en respuesta a una orden judicial”, un documento legal firmado por un juez que ordena al departamento entregar a las personas al ICE.
