El director de Infraestructura Educativa del Gobierno de Baja California, Javier Robles Aguirre, es socio de una de las empresas señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de estar ligada al Cártel de Sinaloa.
Se trata de la compañía Alimentos y Diversión Insurgentes, en la que Robles Aguirre participa desde el 17 de abril de 2013, de acuerdo con el folio mercantil 772 que registra la constitución de la sociedad.
Robles Aguirre fue Alcalde de Playas de Rosarito entre 2010 y 2013, y actualmente es colaborador del Gobierno de Marina del Pilar Ávila (Morena).
Además, el Departamento del Tesoro ubicó a Jesús González Lomelí, otro de los socios de la empresa mencionada, como un «magnate» de negocios con sede en Playas de Rosarito y un operador financiero de alto rango del Cártel de Sinaloa.
La diputada federal Hilda Araceli Brown Figueredo (Morena) y ex Alcaldesa de Playas de Rosarito (2019- 2024) también está entre las personas vinculadas a la agrupación criminal.
Además de relacionar a estas personas con la «La Mayiza», la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló a otras 14 empresas propiedad de González Lomelí.
REFORMA buscó versión del funcionario señalado, a través de la oficina de Comunicación de la Secretaría de Educación, pero no obtuvo respuesta.
