Diputado integrantes de la Comisión de Familia, Asuntos Religiosos y Valores del Congreso del Estado se reunieron este miércoles para dar seguimiento al análisis de la presupuesta legislativa que busca prevenir la práctica del aborto en Chihuahua.
En una sesión celebrada en la Sala Legisladoras, la diputación examinó el contenido de la iniciativa con carácter de decreto iniciada por Edna Xóchitl Contreras Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), orientada a crear la Ley Estatal para Prevenir el Aborto.
De acuerdo con el Artículo 3, «el Estado garantizará que toda mujer gestante con intención de provocarse el aborto, y que así lo solicite, reciba toda la información médica y psicológica necesaria a efecto de conocer todas las consecuencias en relación a la práctica de un aborto voluntario». La información que brinde la mujer —así lo establece el Artículo 4— contará con el estatus de privada.
La iniciativa, en su Capítulo Segundo, contempla la conformación de un Consejo Estatal para Prevenir el Aborto, que será integrado por los titulares del Poder Ejecutivo Estatal, de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, del Desarrollo Integral de la Familia y del Poder Legislativo, además representantes de organizaciones de la sociedad civil y un representante de los seis municipios más poblados de Chihuahua.
El Consejo, que sesionará por lo menos una vez cada tres meses, poseerá la obligación de establecer los lineamientos para canalizar a las mujeres con intención de abortar a diversas dependencias para que les sea otorgado apoyo médico, psicológico, asistencial y jurídico.
Deberá además elaborar políticas públicas de prevención y crear un sitio web gratuito que ofrezca contenido alusivo a la prevención del aborto, «así como publicaciones emitidas por estudiantes, profesionistas, religiosos y organizaciones de la sociedad civil tendientes a concientizar sobre las consecuencias médicas y psicológicas del aborto».
Para los mismos fines el Artículo 8 dicta la definición de un mecanismo para la creación de una línea telefónica y la utilización de redes sociales y medios de comunicación masivos.
En el apartado de exposición de motivos, la bancada de Acción Nacional aseveró que «el aborto no es un método anticonceptivo, como pretende hacer ver esta nueva realidad, y únicamente se habla como un derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, pero no se habla de las posibles consecuencias médicas que esto pudiera generar».
Durante la discusión de la propuesta legislativa, la secretaria técnica de la Comisión, Isabel Sánchez Gurza, advirtió que prohibir esta práctica implicaría una inconstitucionalidad, de forma que el propósito reside en regularizarla.
No obstante, resaltó la importancia de no revictimizar a las mujeres al exigir como requisito obligatorio para acceder a la interrupción del embarazo la existencia de una denuncia penal. En este aspecto coincidieron las diputadas América Aguilar Gil e Irlanda Márquez Nolasco, quienes forma parte del Partido del Trabajo.
Sánchez Gurza hizo un llamado a reconsiderar este punto y sugirió solicitar información a personal especializado de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Salud.
INFORMACIÓN DE TIEMPO.COM.MX
