El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, denunció que el exgobernador y actual senador Javier Corral busca que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación en su contra por el presunto peculado de 98.6 millones de pesos en la reestructuración de la deuda estatal.
La situación evoca un episodio similar ocurrido durante la administración de Corral como gobernador, cuando la FGR atrajo a su competencia el caso contra Alejandro Gutiérrez, exsecretario general del PRI, por el presunto desvío de 246 millones de pesos, quitándole el asunto a la Fiscalía del Estado de Chihuahua.
Aquel caso generó controversia porque el entonces gobernador Corral reclamó públicamente que la Federación negó a Chihuahua su carácter de víctima en el proceso penal contra Gutiérrez.
La controversia actual inició cuando el juez federal Roberto Alcoverde Martínez, en funciones de juez de control, determinó en audiencia del 13 de octubre aceptar la competencia legal para el caso de desviación de recursos, informó la Abelardo Valenzuela, titular de la Fiscalía Anticorrupción.
La decisión se tomó luego de que un fiscal de la FGR solicitara formalmente ejercer la facultad de atracción, aunque esta competencia corresponde únicamente al fiscal general de la República, según lo establece el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
La Fiscalía Anticorrupción denunció que no fue notificada de la pretensión de la FGR, tampoco la Secretaría de Hacienda estatal en su calidad de víctima. «La audiencia se llevó de manera furtiva y con propósito de despojar los intereses de la ciudadanía», señaló.
La Secretaría de Hacienda del estado, en su carácter de víctima, se apersonó ante el juez federal Alcoverde con una solicitud para mantener la causa penal en el ámbito local. Sin embargo, el juzgador mantuvo su postura de no reconocer sus derechos como víctima, violando la garantía de audiencia.
Como consecuencia, la dependencia estatal promovió una demanda de juicio de amparo contra dos actos: la resolución del 13 de octubre emitida por el juez federal dentro de la causa penal 227/2025, donde asumió competencia sobre el expediente 3050/2024 que se sigue contra Corral, Arturo Fuentes Vélez y Pedro Elías López en el Tribunal Superior de Chihuahua; y la suscripción de acuerdos por parte de la FGR respecto a su facultad de atracción.
La Abelardo Valenzuela, argumentó que el juez federal despojó al estado de Chihuahua de su calidad de víctima y desconoció la afectación patrimonial de 98.6 millones de pesos.
En los conceptos de violación del amparo, la autoridad estatal sustenta que los recursos objeto de la investigación son de naturaleza estatal, por lo que la competencia es local y no federal.
Recursos son de naturaleza estatal
El argumento se basa en que la Constitución establecen que una vez ministrados a las entidades federativas, los recursos se convierten en estatales y de libre disposición. «Una vez entregados los recursos por parte de la Federación al Estado no puede haber redisposiciones por parte de la federación, por lo que afecta únicamente al patrimonio estatal», señala la demanda.
La Fiscalía Anticorrupción destacó diversas irregularidades en el procedimiento de la FGR. Entre ellas, que pretendió asumir la investigación sin contar con denuncias ni querella de los órganos facultados, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Auditoría Superior del Estado.
Además, no se acreditó un acuerdo de atracción por parte del fiscal general de la República, como lo exige el artículo 19 de la ley correspondiente. «Es atípico e ilegal que promoviera el ejercicio de atracción un ministerio público federal que no acreditó fundamento normativo para asumir la competencia local, contraviniendo el marco legal de nuestra Constitución, de nuestro pacto federal y por ende de nuestro país», argumentó.
El 23 de octubre, el juez local de la causa penal presentó un conflicto de competencia ante el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito en el estado de Chihuahua, debido a que ambos jueces —el local y el federal— asumen competencia sobre los mismos hechos.
En su resolución, el juez local expresó no compartir la decisión del homólogo federal por cinco razones: el Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción fue quien emitió la solicitud de orden de captura y el juzgador analizó la competencia; el 2 de septiembre de 2024 se suspendió el fuero contra Corral por ser senador de la República; al estar suspendido el proceso no se puede llevar a cabo la audiencia inicial; la competencia por inhibitoria solo puede ser promovida por las partes, y quienes comparecieron el 13 de octubre no son partes del proceso penal; y las participaciones federales, una vez recibidas, adquieren naturaleza estatal y de libre disposición.
El Tribunal Colegiado deberá resolver el conflicto de competencia entre ambos juzgadores.
INFORMACIÓN DE TIEMPO.COM.MX
