El decreto para regularizar autos chocolate en México está vigente hasta noviembre de 2026, pero la duda principal sigue vigente: ¿Qué año-modelo puedo legalizar?
La legalización de automóviles en territorio mexicano ha generado discusiones constantes en el ámbito público, sobre todo en referencia a los denominados “autos chocolate”: autos de segunda mano traídos principalmente de Estados Unidos que operan sin un marco normativo definido.
En este contexto, surge una interrogante clave: ¿hasta qué modelo se permite la nacionalización mediante decreto presidencial?
Para innumerables hogares mexicanos, la opción de formalizar un vehículo importado ilegalmente (el famoso “auto chocolate”) significa la forma más viable de adquirir un bien duradero y un medio de transporte esencial.
Es esencial destacar que las autoridades federales han promulgado múltiples disposiciones ejecutivas para simplificar la importación de autos usados del exterior, con énfasis en aquellos originarios de la Unión Americana.
En 2022, se emitió una ordenanza que autorizaba la regularización de vehículos específicos, bajo condiciones precisas como su origen geográfico y el año de producción. Esta iniciativa se ha prorrogado repetidamente, con ajustes que han ampliado tanto el período de vigencia como los criterios de admisibilidad.
¿Hasta qué modelo se autoriza la nacionalización por decreto?
Responder con exactitud al límite anual para nacionalizar un auto vía decreto resulta complejo, dado que varía según las actualizaciones normativas y las prórrogas oficiales.
En esencia, la disposición no fija un año estático, sino que aplica un criterio dinámico. La regla central exige que el automóvil cuente con al menos cinco años de antigüedad en relación con la fecha del procedimiento.
De esta forma, el rango de vehículos aptos se desplaza progresivamente con el paso del tiempo.
Por instancia, en 2024, los modelos del 2019 ya calificaban. De igual modo, al iniciar 2025, los del 2020 se incorporan a la lista de elegibles.
Recientemente, el programa ha sido ampliado hasta el 30 de septiembre de 2026, lo que asegura su continuidad.
¿Cómo determinar si un vehículo califica para la regularización?
Al examinar los detalles del decreto, se aprecia que la admisibilidad trasciende un mero conteo de años. El filtro inicial y decisivo es el Número de Identificación Vehicular (NIV o VIN).
La iniciativa se limita a autos cuyo VIN comience con 1, 4 o 5, lo que denota fabricación o ensamblaje en Estados Unidos, Canadá o México. Con las nuevas implementaciones en los terminos actuales del decreto, los vehículos con VIN que inicie en letra —típicamente europeos o asiáticos— han sido incluidos.
Esta restricción anterior pretendía armonizar con estándares del mercado norteamericano. Anteriormente, antes de evaluar la edad del auto, era imperativo verificar el primer dígito del VIN, hoy, cualquier auto que cumpla los demás puntos para regularizar, ya no es necesario verificar el inicio de su VIN (si inicia con numero o letra) como medida de requisito.
Requisitos adicionales para la nacionalización por decreto
Tras validar el modelo y el VIN, el procedimiento enfrenta más condiciones. Uno de los atractivos principales es el precio: un arancel único de 2,500 pesos (≈125 USD).
Esta cuota fija resulta mucho más asequible que los gastos de una importación convencional. Los fondos se destinan a infraestructura vial en las regiones involucradas.Además, el trámite está restringido a los estados adheridos (generalmente fronterizos).
Se excluyen autos de lujo, deportivos o blindados, priorizando vehículos de uso familiar y laboral.
¿Avance social o obstáculo para la economía?
Sin duda, esta política actúa como una herramienta ambivalente.
Por un lado, brinda una respuesta concreta a millones de personas, impulsando la estabilidad económica doméstica y otorgando protección legal (placas, seguro y circulación sin miedo al decomiso).
Por el otro, la industria automotriz establecida (como la AMDA) eleva críticas: genera competencia desleal, deprime el mercado de autos usados nacionales, valida el tráfico ilícito y permite circular unidades que quizá no cumplan normas ambientales ni de seguridad.
Así se crea un bucle interminable: se formaliza un grupo, pero siguen entrando ilegalmente modelos más nuevos, exigiendo nuevas prórrogas.
En resumen, el esquema se ve más como un remedio temporal que como una reforma estructural, cuya permanencia depende de la voluntad política de cada administración. Con la extensión hasta 2026, el tema seguirá vigente.
