La Cámara de Diputados aprobó crear la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, llamada también “Ley Espía” o «Ley de Espionaje», que aumenta las capacidades de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal. Seguirá su votación en el Senado.
La ley propuesta por el Ejecutivo que encabeza Claudia Sheinbaum fue aprobada en lo general por 445 votos a favor de Morena con sus aliados PT y PVEM, así como de los opositores PAN y MC.
En contra recibió 37 votos del PRI.
Sin embargo, recibió rechazo de la oposición en los apartados que tienen que ver con la posibilidad de que las autoridades federales puedan acceder a bases de datos de información telefónica, incluso sin orden judicial, según denuncian.
En el apartado de inteligencia recibió 386 votos a favor de Morena y aliados, con 101 en contra de PRI y PAN.
Además el PRI hizo hincapié en que la reforma tiene 480 páginas, que recibió cambios de último momento y en unas horas era “imposible de analizar”, de modo que consideran que los diputados aprobaban una ley sin conocerla.
Puntos importantes de la ley.
Sustituye la ley de seguridad que existía desde 2009, durante el sexenio de Felipe Calderón.
La reforma retiró el polémico Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, mismo que ya había sido cancelado anteriormente por orden del Poder Judicial.
Aunque cancelaron crear dicho registro, acusan que la interpretación de la ley permite una revisión de bases de datos telefónicos, incluso privadas, sin necesidad de una orden judicial.
Permite la intervención de comunicaciones pero con la autorización previa de un juez.
Crea el Consejo Nacional de Inteligencia, dirigido por la SSPC y que operará el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), desde donde harán el espionaje contra el crimen organizado.
Incluye un mecanismo para suspender la entrega de financiamiento en seguridad a estados o municipios que incumplan con los acuerdos de coordinación.
Crea la Academia Nacional de Seguridad Pública, donde formarán a mandos de policías, incluso estatales, así como especialistas en inteligencia y en investigación.
Institucionaliza las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz que tienen autoridades federales y militares con los gobiernos de los Estados y de los Municipios, de la mano del Gabinete Nacional de Seguridad.
Otorga mayor autonomía al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).
