CHIHUAHUA.- Por unanimidad de votos el Congreso del Estado ha aprobado la reforma que tipifica el abandono de adultos mayores y establece como agravantes las penas cuando se incurra en fraude, abuso de confianza y violencia familiar.
En representación de la Comisión de Justicia —que preside—, el diputado Francisco Sánchez Villegas, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, sometió a consideración del Pleno Legislativo el decreto que reúne tres propuestas: dos promovidas por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) y una por la diputada Magdalena Rentería Pérez, de Morena.
Durante la lectura, el legislador advirtió la importancia de prevenir cualquier agravio a la integridad de los adultos mayores, que, hasta el 2020, representaban el 12% de la población nacional, con 15 millones 100 mil habitantes. En el caso particular de Chihuahua, equivalen al 11.1%, con un estimado de 419 mil.
«A medida que la población envejece, es crucial que como sociedad reflexionemos sobre la importancia de cuidar y respetar a quienes han contribuido a nuestra comunidad. El abandono de un adulto mayor es más que una negligencia: es un atentado contra la dignidad humana», advirtió.
El dictamen reforma el Artículo 154 del Código Penal del Estado de Chihuahua para imponer de uno a cinco años de cárcel a quien «teniendo la obligación de cuidarla, abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma o a una persona mayor». Si el responsable ejerce como médico o profesionista de la salud, será suspendido de sus funciones hasta por dos años.
Modifica, además, el párrafo quinto del Artículo 193 del Código Penal Estatal y, así, elimina el requisito de que una persona mayor se encuentre en condición de vulnerabilidad para encuadrar en este delito.
Al mismo Artículo 193 adiciona un último párrafo, para aumentar la pena en una mitad cuando se cometa violencia familiar, definida como «la prohibición de sana convivencia, despojo, abuso de confianza y robo de pensión universal».
Para tales fines contempla también reformar el Código Penal Federal en su Artículo 355, para condenar de un mes a cuatro años de cárcel, así como la privación de la patria potestad o la tutela, en caso de que el implicado sea descendiente o tutor de la víctima.
El decreto estará en vigor al día siguiente de su aparición en el Periódico Oficial del Estado, publicado cada miércoles y sábado. Tratándose la segunda parte de la legislación del orden federal, el documento será enviado al Congreso de la Unión para su posterior análisis en comisiones y su votación en el Pleno.
INFORMACIÓN DE TIEMPO.COM.MX
