Reunidos ésta mañana en la Sala Legisladoras, que se ubica en la planta baja del Congreso del Estado, los miembros de la Comisión Especial analizaron la iniciativa que contempla penas de hasta 9 años de cárcel a todo servidor público que omita enterar o pagar las cuotas a Pensiones Civiles del Estado.
Promovida por el Grupo Parlamentario de Morena desde el 1 de abril de 2025, la propuesta, registrada con el número de Asunto 742 en la Comisión, busca adicionar un Capítulo Quinto a la Ley de Pensiones Civiles para establecer sanciones a los funcionarios o trabajadores facultados que incurran en el delito de defraudación a la seguridad social.
Éste delito, según establece el artículo 85 de la legislación, consiste en aquella conducta en que «a través de engaños o aprovechamiento de errores se omita total o parcialmente el pago de las aportaciones u obtengan un beneficio indebido».
Por medio de un artículo 86 se propone de 3 a 2 años de prisión a quien genere una afectación que no exceda 48 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, menor a $2 mil 430 pesos; de 2 a 5 años cuando el monto ronde entre 48 y 70 veces el valor diario de la UMA, que equivalen a un mínimo de 2 mil 430 pesos y un máximo de 7 mil 919; y de 5 a 9 años cuando rebase esta última cantidad. La pena máxima aumentará en una mitad cuando el delito sea calificado.
El articulo 88 establece idénticas sanciones en contra de quien proporcione datos falsos para obtener del organismo público la devolución de cuotas que no le correspondan, o cuando simule uno o más contratos para obtener un beneficio.
Además impone de 3 meses a 3 años a los patrones o representantes o sujetos obligados que oculten, alteren o destruyan parcial o totalmente los sistemas y registros contables o cualquier otro medio.
En el apartado de exposición de motivos, el diputado Óscar Avitia Arellanes mencionó: «Se trata de una reforma que busca cambiar drásticamente las condiciones de los trabajadores, sus familias y la propia vida orgánica de la administración pública de Chihuahua. Lejos de buscar culpables o chivos expiatorios se trata de fortalecer el marco normativo aplicable para evitar que Pensiones Civiles del Estado tenga una crisis económica».
INFORMACIÓN DE TIEMPO.COM.MX
