México.- La amplia reorganización del sistema judicial mexicano tuvo un comienzo difícil. La elección de miles de jueces en todo el país celebrada durante el fin de semana estuvo marcada por un nivel excepcionalmente alto de abstención, ya que casi el 90 por ciento de los votantes decidieron no participar.
Solo entre el 12,6 y el 13,3 por ciento de los votantes sufragaron en las elecciones del domingo, según las estimaciones del Instituto Nacional Electoral, lo que impulsó las preocupaciones sobre la legitimidad de los comicios. Esto significa que la polémica elección judicial tuvo una de las participaciones más bajas registradas en cualquier elección federal desde principios de la década de 2000, cuando México hizo la transición a la democracia.
La pésima participación pone de manifiesto la confusión e indecisión existentes en todo el país en torno a la elección, que cambia el sistema judicial basado en nombramientos por otro en el que los votantes eligen a los jueces. Los partidarios del plan argumentaron que hace que el sistema sea más democrático, mientras que los críticos lo han calificado como una toma de poder por parte de Morena, el partido político gobernante de izquierda.
Algunos de los votantes que acudieron a las urnas expresaron su perplejidad ante el desconcertante número de candidatos que compiten por casi 2700 puestos de magistrados, incluidos los que formarán parte de la Suprema Corte de la Nación y de cientos de tribunales federales y locales. Los grupos de monitoreo electoral informaron que varios votantes simplemente utilizaron las hojas proporcionadas por Morena, el partido de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“No me pareció que fue un ejercicio democrático; fue un claro intento de manipular el voto”, dijo Laurence Pantin, experta en independencia judicial y directora de Juicio Justo, una organización sin fines de lucro que busca ampliar el acceso a la justicia en México.
Pantin y otros voluntarios dijeron que detectaron varias irregularidades el domingo, como votantes que llevaban hojas impresas indicando qué candidatos seleccionar, varias personas que entraban en las cabinas de votación a la vez y votantes que sacaban fotos de sus papeletas llenas, un posible indicio de compra de votos.
“Hubo un esfuerzo por parte de Morena o grupos afiliados al gobierno de movilizar a las personas”, dijo Pantin.
Ricardo Anaya, senador y excandidato presidencial del Partido Acción Nacional, movimiento político de centroderecha, dijo en las redes sociales que la baja participación y la falta de conocimiento de los votantes sobre por quién votar equivalían a un “fracaso absoluto”.
“Esto no es democracia”, dijo Anaya. “Es un insulto”.
Ante tales críticas, Sheinbaum calificó el lunes la elección judicial como un acontecimiento “inédito, impresionante, maravilloso, democrático”, a pesar de que las autoridades electorales habían pronosticado que la participación podría alcanzar un nivel algo mayor, del 20 por ciento. En contraste, la participación fue de alrededor del 60 por ciento en las elecciones del año pasado, en las que Sheinbaum ganó la presidencia.
Sin embargo, la mandataria dijo que el nivel más alto de participación estimado, el 13 por ciento, era el doble que el del referendo de 2021 sobre si investigar a los expresidentes, en el que se registró una participación de alrededor del 7 por ciento.
Pero lo que estaba en juego era mucho menor en 2021, cuando el gobierno se limitó a realizar un sondeo entre la población. Esta vez, en una de las revisiones judiciales de mayor alcance intentadas por cualquier democracia importante, se pidió a los votantes que sustituyeran a cerca de la mitad de los jueces de México; elegirán al resto en 2027.
La idea de elegir a los jueces por votación popular fue propuesta por Andrés Manuel López Obrador, predecesor de Sheinbaum en la presidencia y su mentor político. Sostuvo que la reforma era necesaria para erradicar la corrupción y el nepotismo, y la impulsó después de que la Suprema Corte de Justicia y los jueces federales obstaculizaran o bloquearan algunos de sus planes y proyectos de infraestructura emblemáticos, como el debilitamiento del organismo de vigilancia electoral de México.
Como en México se vota con boletas, que deben contarse a mano, no se esperaba que los resultados del poder judicial federal, incluida la Suprema Corte, se anunciaran hasta el lunes o a finales de esta semana. Aun así, los resultados preliminares publicados el lunes indicaban que varios candidatos afines al partido gobernante iban a ganar escaños en la Suprema Corte.
Figuras de la oposición y expertos jurídicos habían temido ese resultado, argumentando que Morena podría utilizar su actual popularidad entre los votantes para consolidar el control sobre el poder judicial en el futuro, erosionando la separación de poderes en el sistema político de México.
A pesar de tales preocupaciones, algunos votantes dijeron que simplemente estaban perplejos por tener que votar por tantos jueces al mismo tiempo.
“No conocía a nadie”, dijo Jorge López Lozaya, de 58 años, que votó en Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera estadounidense con El Paso (Texas). “Así que voté del tin marin, a ver que tal salen”.
Viri Ríos, analista política, dijo que la participación electoral había sido similar a la de las elecciones judiciales en otras partes del mundo —aunque de menor escala que las de México— y que cualquier revisión institucional generaría problemas y no sería fluida.
Sin embargo, afirmó que estas elecciones supondrían un “problema severo” para Morena en el futuro, porque “resolver los problemas del sistema judicial es complejo”.
Muchos mexicanos están de acuerdo en que el sistema judicial necesitaba una reforma. Pero ahora que se ha logrado la reforma impulsada por Morena, dijo Ríos, el partido tendrá que mostrar resultados.
“Morena prometió que luego de esta reforma se iba a mejorar la impartición de justicia”, dijo. “Si eso no sucede, pues por primera vez en la historia de México, vamos a tener a un partido que sea directamente responsable de ello”.
Arturo Castillo Loza, miembro del órgano de gobierno del organismo electoral, calificó la elección como una elección enorme, “organizada en un contexto sumamente adverso”, en el que los tres poderes del Estado obstaculizaron el proceso.
El organismo solo recibió una pequeña parte del dinero que había solicitado para organizar las elecciones, dijo Castillo, y el Congreso denegó las peticiones de retrasar las elecciones dos meses. Para aumentar la confusión, el poder judicial interpuso más de 600 acciones legales para detener la votación, a pesar de que se oponía a una elección que ya había sido consagrada en la Constitución.
