Chihuahua— Las comunidades de Dolores, El Carnero, San Francisco de los Salgueiro y El Pinito, en Guadalupe y Calvo, concentraban una población de 957 personas en 2020, según el último Censo del INEGI. Hoy lucen casi desiertas, a consecuencia de una incesante violencia provocada por el crimen organizado.
Así lo denunciaron habitantes de localidades aledañas, sobre todo de la cabecera municipal, que han visto la llegada constante de familias con bultos de ropa y algunas pertenencias, luego de ser expulsadas de sus hogares por la presencia de sicarios de “La Línea” y “Gente Nueva”.
Apenas iniciada esta semana, Dolores fue escenario de un episodio de desplazamiento forzado, en el que decenas de personas prefirieron exiliarse ante la amenaza de una posible invasión de una célula delictiva, además de varios días de balaceras y enfrentamientos en las comunidades cercanas.
“Dolores está desierto; por las noches llegan las camionetas con gente armada, y se van por las mañanas”, es lo que narran las víctimas al llegar a otros pueblos.
La inseguridad y la violencia las han padecido 519 personas que vivían en Dolores hace apenas cuatro años atrás, pero también otros 265 pobladores de El Pinito, 87 de El Carnero y 86 de San Francisco de los Salgueiro, de donde también han surgido testimonios de destierro.
En El Carnero, la población fue sacada con ayuda de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, mientras que en San Francisco, los habitantes huyeron por la Ciénega de Silva, con rumbo a Sinaloa, ante la permanente amenaza de los grupos criminales.
Quienes viven en la cabecera también expusieron que desde hace 20 días no tienen agua en el pueblo. Por eso tienen que subir a El Pinito, para conseguir este recurso, y lo que encuentran, dicen, es un auténtico pueblo fantasma.
Caravanas llenas de sicarios
Otros, incluso, han visto las caravanas de camionetas repletas de hombres armados recorriendo los caminos del municipio.
“Antenoche a las 11:00, pasaron por El Tule 17 (camionetas) llenas de sicarios, rumbo al pueblo; a la 1:00 de la mañana, había más de 20 en la entrada del pueblo… a las 11:00 de la noche, el mismo día, había también desfile de vehículos y motos que pasaron por El Pinito”, señalan los testigos.
Para ellos, la situación es ya “desesperante y triste”, y, por ello, reiteraron su exigencia de seguridad hacia las autoridades municipales, estatales y federales.
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Sin denuncias formales; ofrece autoridad apoyo
Norma Ledezma Ortega, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (Ceave), dijo que hasta el momento no hay ninguna denuncia por los casos de desplazamiento forzado en las comunidades de Guadalupe y Calvo.
“Lamentablemente, en esta situación no hay ninguna denuncia como tal, y para que quede como desplazamiento debe de haberlas, pero desgraciadamente ahorita no tenemos ninguna; sin embargo, sí estamos interviniendo”, expresó Ledezma Ortega.
En ese mismo sentido, la titular de la Comisión dijo que ya hay personal atendiendo esta problemática, y que incluso ella estará en esa región algunos días.
“Iremos justo para atender directamente a las familias, ya estamos también en comunicación con la presidenta municipal, Ana Laura González, con quien hemos hecho una muy buena coordinación, pero también están otras autoridades, como la Mesa de Desplazamiento y la Agencia Estatal de Investigación (AEI), entre otras”, aseguró.
Asimismo, la titular de la Ceave dijo que estarán revisando a detalle lo que está pasando y con ello, brindarán el apoyo humanitario y la asistencia necesaria.
“Estamos apoyando junto con las autoridades municipales, y estaremos llamando también a las autoridades federales. Aquí lo importante es el acompañamiento integral, y esto es independientemente de que haya una denuncia o no”.
De igual manera, la comisionada refirió que es fundamental escuchar a estas víctimas, ayudarles y, en caso de ser necesario, brindarles el traslado a un lugar en el que se sientan más seguras.
“Esto es por el bien de los pobladores, y en este llamado de auxilio seguiremos atendiendo… Hasta ahorita no tenemos un estimado de cuántas familias son, y haremos el registro para documentar la situación de cada una de ellas”.
Aunado a esto, el fiscal general del Estado, César Jáuregui, externó que esta es una disputa que tiene años y que es por los mismos dos grupos organizados que buscan el control de la zona.
INFORMACIÓN DE EL DIARIO DE CHIHUAHUA
IMAGEN ILUSTRATIVA
